El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el caso hidrocarburos ha citado a declarar en enero como testigos a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, que fueron jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera
Investigacion Judicial23 de diciembre de 2025
Impacto España Noticias
El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el caso hidrocarburos ha citado a declarar en enero como testigos a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, que fueron jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.
Así consta en una providencia del juez Santiago Pedraz, que fecha para el próximo 28 de enero las declaraciones de Díaz Bidart y Pons.
Para ese día, el juez además ha citado de nuevo como investigado al empresario Claudio Rivas, considerado por los investigadores como el presunto líder de la trama de hidrocarburos vinculada a la compañía Villafuel.
El instructor también ha vuelto a llamar como imputado al presunto conseguidor Víctor de Aldama el 29 de enero e igualmente en esa condición, para el 30 de enero, a las empresarias Carmen Pano, que dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija, Leonor González.
Asimismo, Pedraz ha convocado para que declaren como testigos el día 29 a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, así como para el día 30 a Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los investigadores.
Influencia en varios ministerios
La UCO apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no sólo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Maroto y Ribera, respectivamente.
Una infiltración que se habría realizado a través de Aldama, «persona con acceso al entorno» de Ábalos, con la finalidad de «influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos» y «todo ello a cambio de una contraprestación económica».
Además, los agentes señalaron a Aldama y a Rivas como presuntos cabecillas de la trama, indicando que «ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras».
La trama habría formado «una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector».
«De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas», según el informe.
La UCO establece el inicio de las presuntas operaciones delictivas en 2020, cuando por parte del «entorno de la presunta organización criminal» se habría pedido a Aldama «que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes», para que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.
Y sostiene que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.
El fraude de los hidrocarburos
En uno de los atestados de la causa, la UCO explicó el esquema básico de este tipo de fraude, detallando que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.
Esta operadora va a los depósitos fiscales —donde se almacena el producto— a comprar el combustible y en ese trámite sólo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora sólo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.
Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, no lo abonan.
Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.
El objetivo es «perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal» y «salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones», dado que obtener ese título de operador es complicado, indicaba.
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