La exigencia alcanza no solo a confirmar el alojamiento, sino a aclarar por qué se produjo, quién lo autorizó, durante cuánto tiempo se prolongó y qué coste económico supuso para los contribuyentes
Corrupción29 de diciembre de 2025
Impacto España Noticias
La aplicación estricta de la Ley de Transparencia ha colocado al Gobierno de Pedro Sánchez ante la obligación legal de dar explicaciones detalladas sobre la estancia de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, en el complejo presidencial de La Moncloa. La exigencia alcanza no solo a confirmar el alojamiento, sino a aclarar por qué se produjo, quién lo autorizó, durante cuánto tiempo se prolongó y qué coste económico supuso para los contribuyentes.
La resolución ha sido dictada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo independiente encargado de garantizar el derecho constitucional de acceso a la información pública. En ella se concluye que la Presidencia del Gobierno no puede seguir amparándose en el silencio administrativo ni en respuestas genéricas para eludir la rendición de cuentas cuando está en juego el uso de instalaciones y recursos financiados con fondos públicos.
Un alojamiento rodeado de opacidad
La estancia de David Sánchez en La Moncloa ha sido objeto de controversia desde que se conoció que el hermano del presidente habría residido en el complejo presidencial durante un periodo prolongado, coincidiendo con circunstancias personales y judiciales especialmente sensibles. David Sánchez figura como imputado en procedimientos judiciales y, además, en ese mismo periodo tramitaba su residencia fiscal en Portugal, lo que aumentó el interés público por conocer dónde vivía realmente y en qué condiciones.
Pese a las reiteradas solicitudes de información formuladas por ciudadanos, parlamentarios y órganos institucionales, la Presidencia del Gobierno se negó sistemáticamente a facilitar datos concretos, evitando confirmar fechas, duración, autorizaciones o gastos. Esta falta de transparencia es la que ha motivado la intervención del CTBG.
Qué obliga ahora a explicar el Consejo de Transparencia
La resolución del Consejo de Transparencia es clara y exhaustiva. Obliga a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a entregar información precisa y documentada sobre:
Las fechas exactas de entrada y salida de David Sánchez Pérez-Castejón en el recinto de La Moncloa.
La autoridad que autorizó su estancia, ya sea el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, u otros responsables de la estructura de Presidencia.
La justificación de dicha autorización, especificando si se trató de una estancia puntual, temporal o de larga duración.
Los registros de accesos al complejo presidencial durante el periodo en cuestión.
El uso de medios públicos, incluyendo vehículos oficiales, personal de seguridad, escoltas, conductores o cualquier otro recurso adscrito a la Presidencia.
Las visitas recibidas por el huésped, en la medida en que afecten al control de accesos a una instalación de alta seguridad.
El coste económico total, desglosado por conceptos como alojamiento, manutención, seguridad, transporte y otros servicios cubiertos con fondos públicos.
El Consejo subraya que el derecho a la información no desaparece por el mero hecho de tratarse de un familiar del presidente, y que la condición privada del huésped no justifica ocultar el uso de recursos públicos.
El silencio administrativo, en el centro del reproche
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la crítica expresa al uso del silencio administrativo como mecanismo para bloquear el acceso a la información. El CTBG recuerda que la Ley de Transparencia fue diseñada precisamente para evitar que la Administración eluda su obligación de informar mediante la inacción.
Según el organismo, la Presidencia del Gobierno incurrió en una interpretación abusiva de las excepciones legales, invocando de forma genérica razones de seguridad o protección de datos sin justificar por qué no podían ofrecerse datos parciales o anonimizados.
El coste para los contribuyentes, la gran incógnita
Hasta la fecha, el Gobierno no ha hecho público ningún cálculo oficial sobre el coste de la estancia de David Sánchez en La Moncloa. Sin embargo, se ha reconocido que no abonó gastos de manutención, lo que implica que dichos costes fueron asumidos con dinero público.
La resolución obliga ahora a detallar si hubo gastos adicionales derivados de:
Refuerzo de seguridad.
Uso de vehículos oficiales.
Personal de servicio.
Recursos logísticos o sanitarios.
El interés público reside no solo en conocer la cifra final, sino en determinar si se produjo un trato privilegiado incompatible con los principios de igualdad y austeridad en el uso de recursos del Estado.
Un problema de ejemplaridad institucional
Más allá de la legalidad estricta, el caso plantea un debate sobre la ejemplaridad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La residencia oficial no es un domicilio privado, sino una instalación pública sostenida con fondos del Estado, cuyo uso debe estar sometido a criterios de necesidad, proporcionalidad y transparencia.
La percepción de que un familiar directo del presidente, además imputado judicialmente, pudo beneficiarse de recursos públicos sin explicación clara ha generado un notable desgaste institucional.
Consecuencias
La Presidencia del Gobierno dispone ahora de un plazo legal para cumplir la resolución del Consejo de Transparencia. El incumplimiento podría derivar en nuevas reclamaciones, procedimientos judiciales y un agravamiento del conflicto político.
El contenido de la respuesta será determinante. Una explicación detallada y documentada podría cerrar el asunto desde el punto de vista administrativo. Por el contrario, una respuesta incompleta o evasiva reforzaría las acusaciones de opacidad y uso indebido de recursos públicos.
La obligación impuesta por la ley a Pedro Sánchez para explicar la estancia de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, en La Moncloa no es un ataque personal ni una condena anticipada, sino la aplicación normal de los mecanismos de control democrático.
El caso se ha convertido en un símbolo de hasta qué punto la transparencia es esencial para preservar la confianza ciudadana. Ningún cargo público, ni siquiera el presidente del Gobierno, puede situarse al margen del deber de rendir cuentas cuando están en juego bienes y recursos que pertenecen a todos los españoles.
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