De acuerdo con su versión, Félix Bolaños habría promovido un ofrecimiento económico “muy importante” con una condición clara: que Víctor de Aldama dejara de hablar
Corrupción05 de febrero de 2026
Impacto España NoticiasEl empresario Víctor de Aldama ha lanzado una de las acusaciones más explosivas dirigidas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al asegurar que el Ejecutivo intentó comprar su silencio mediante una oferta económica de gran cuantía. Según su testimonio, el ofrecimiento se habría producido a través del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y habría sido canalizado por medio de su jefe de comunicación, Ramón Bermejo.
De Aldama, expresidente del Zamora Club de Fútbol y figura conocida por su vinculación a distintas causas judiciales y empresariales, sostuvo que la finalidad de la supuesta operación era impedir que continuara realizando declaraciones comprometedoras que, según él, afectarían directamente al núcleo del poder político.
El contacto atribuido a Félix Bolaños
Según relató el propio empresario, el contacto no se produjo de forma directa con él, sino con su jefe de comunicación, Ramón Bermejo. De acuerdo con su versión, Félix Bolaños habría promovido un ofrecimiento económico “muy importante” con una condición clara: que Víctor de Aldama dejara de hablar.
El empresario afirmó que la propuesta fue rechazada sin titubeos y que no existió ninguna negociación posterior. En su relato, el mensaje transmitido era inequívoco y el objetivo, silenciarle a cambio de dinero.
La negativa y el inicio del “calvario”
Tras negarse a aceptar el supuesto ofrecimiento, De Aldama aseguró que comenzó lo que define como un calvario personal, judicial y mediático. En su intervención pública, vinculó directamente su negativa a callar con una cadena de acontecimientos que culminaron con su ingreso en prisión preventiva.
El empresario permaneció varias semanas en el centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid. Según su versión, esta estancia en prisión no fue consecuencia de hechos objetivos o de un procedimiento judicial ordinario, sino el resultado de una represalia directa por no haber aceptado el silencio pactado.
“Como no accedimos, me montan todo el lío para meterme en la cárcel”, afirmó de manera explícita, insistiendo en que existe una relación causa-efecto entre ambas circunstancias.
La pregunta clave y la reafirmación de la acusación
Durante su intervención, el relato fue objeto de incredulidad incluso entre quienes lo escuchaban. Ante la magnitud de la acusación, se le preguntó directamente si estaba afirmando que el ministro de Justicia, en su condición de notario mayor del Reino, había ofrecido dinero para comprar su silencio.
Lejos de matizar o suavizar sus palabras, Víctor de Aldama se reafirmó sin reservas. Aseguró que el ofrecimiento existió, que se produjo a través de su entorno más cercano y que la cifra económica planteada era “más que suculenta”.
Una acusación de máxima gravedad institucional
La denuncia adquiere una dimensión especialmente delicada por la figura señalada. Félix Bolaños no solo es ministro de Justicia, sino también responsable de las relaciones institucionales y de la coordinación entre el Gobierno y las Cortes. Cualquier implicación en un intento de soborno para silenciar a un empresario tendría consecuencias políticas y jurídicas de primer orden.
De confirmarse, las acusaciones afectarían directamente a principios fundamentales del Estado de derecho, como la independencia judicial, la separación de poderes y la igualdad ante la ley. La gravedad del relato sitúa el caso en un nivel que trasciende la polémica política y entra de lleno en el terreno de la responsabilidad penal e institucional.
Hasta el momento, las afirmaciones de Víctor de Aldama no han ido acompañadas de pruebas documentales hechas públicas. No se conocen grabaciones, mensajes, correos electrónicos ni documentos que acrediten el supuesto ofrecimiento económico ni la intervención directa de Félix Bolaños.
Tampoco consta, a día de hoy, la apertura de diligencias judiciales específicas relacionadas con estas acusaciones, ni una explicación detallada por parte del Gobierno o del propio ministro señalado que entre en el fondo del asunto.
Desde un punto de vista estrictamente legal, se trata de declaraciones de parte que, pese a su enorme impacto político y mediático, requieren verificación objetiva para adquirir validez probatoria.
Elisa Beni, presente en el plató, preguntó estupefacta para reconfirmar lo que el empresario estaba largando en pleno directo:
¿Estás diciendo que el notario mayor del Reino y ministro de Justicia ha ofrecido dinero por silencio?
A lo que Aldama, sin mayores problemas, aseguró que así era, que Bolaños había ofrecido una cifra económica más que suculenta para que se mantuviera con el pico cerrado:
Sí. A mi jefe de comunicación. Dinero para que yo me callara. Y como no accedimos, me montan todo el lío para meterme en la cárcel. Lo digo así de claro.
Impacto político y exigencia de explicaciones
Más allá de su eventual recorrido judicial, el relato de De Aldama introduce una presión creciente sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. La acusación de que un ministro habría intentado comprar el silencio de un empresario coloca al Ejecutivo bajo una sombra de sospecha que solo puede disiparse mediante explicaciones claras o mediante la actuación de la Justicia.
Si las afirmaciones fueran corroboradas, el daño institucional sería profundo. Si, por el contrario, se demostrara que son falsas, el foco se trasladaría al propio denunciante y a las posibles motivaciones que le habrían llevado a realizar acusaciones de tal calibre contra un miembro del Gobierno.
Un caso abierto en el terreno político
Por el momento, el asunto permanece en el ámbito de las declaraciones públicas y del debate político. La gravedad de lo afirmado por Víctor de Aldama exige respuestas, aclaraciones y, llegado el caso, investigaciones que permitan esclarecer los hechos.
Mientras no se aporten pruebas ni se produzcan pronunciamientos oficiales concluyentes, el testimonio del empresario queda como una de las acusaciones más duras dirigidas contra el Gobierno en los últimos tiempos, con un potencial impacto político e institucional todavía por determinar.
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