La UE reacciona contra Sánchez por pretender dar papeles a inmigrantes y regular internet al margen de las normas europeas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado una línea delicada en su relación con la Unión Europea. Las recientes advertencias lanzadas desde Bruselas evidencian un choque cada vez más evidente entre las iniciativas del Ejecutivo español y el marco normativo común que rige a los Estados miembros.

 En el centro del conflicto se encuentran dos decisiones políticas de alto impacto: la intención de avanzar hacia una regularización amplia de inmigrantes en situación irregular y una estrategia de control del espacio digital que, según la Comisión Europea, excede claramente las competencias nacionales.

La reacción europea no es retórica ni menor. Cuando instituciones como el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, expresan inquietud formal ante las actuaciones de un gobierno nacional, el mensaje es inequívoco: se percibe un riesgo real de vulneración de las normas comunes y de los principios básicos del Estado de derecho.

Migración: una regularización unilateral bajo la lupa europea
La propuesta impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para regularizar de forma amplia a inmigrantes en situación irregular ha generado un profundo malestar en varias capitales europeas. La preocupación no se limita al fondo humanitario del debate, sino al método elegido y a sus consecuencias para el conjunto de la Unión.

La política migratoria afecta directamente al espacio Schengen y a la libre circulación. Por ello, la UE ha desarrollado durante años un marco compartido, culminado recientemente en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuyo objetivo es evitar decisiones unilaterales que alteren los equilibrios internos entre Estados miembros.

Desde Bruselas se observa con recelo que el Gobierno español haya planteado esta regularización sin un consenso previo y sin coordinarse de manera efectiva con sus socios. La Eurocámara ha llegado a activar un debate de urgencia ante la inquietud manifestada por distintos países, preocupados por el posible efecto llamada y por la presión adicional que una medida de este calibre podría generar sobre las fronteras exteriores de la UE.

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El problema no es debatir sobre inmigración, sino hacerlo al margen del marco común y presentarlo como un gesto soberano cuando sus consecuencias trascienden las fronteras nacionales.

Control digital: el aviso más serio de la Comisión Europea
Aún más delicado resulta el enfrentamiento en materia digital. La Comisión Europea ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez que los reglamentos europeos, en particular el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), fijan límites muy claros a la actuación de los Estados en relación con las plataformas tecnológicas.

La intención del Ejecutivo español de perseguir penalmente a directivos de empresas digitales o de rastrear de forma amplia lo que denomina “huella de odio y polarización” ha encendido todas las alarmas en Bruselas. Según la Comisión, estas medidas no solo carecen de encaje jurídico en el derecho comunitario, sino que abren la puerta a una interpretación expansiva del control estatal sobre la libertad de expresión y la privacidad.

La advertencia europea es clara: combatir los contenidos ilegales no puede justificar la vigilancia masiva ni la criminalización indirecta de las plataformas. El diseño del marco digital europeo busca precisamente evitar que cada Estado imponga su propia interpretación punitiva, fragmentando el mercado único y debilitando los derechos fundamentales.

En este contexto, las declaraciones del fundador de Telegram, Pavel Durov, acusando a Pedro Sánchez de promover “un estado de vigilancia” bajo la excusa de la protección digital, han amplificado la polémica a nivel internacional y han reforzado la percepción de deriva autoritaria que inquieta a Bruselas.

Un patrón político que preocupa en Europa
Más allá de las medidas concretas, lo que realmente alarma a las instituciones europeas es el patrón de actuación del Gobierno español. España ha sido tradicionalmente un socio fiable, alineado con la integración europea y respetuoso con los procedimientos comunitarios. La estrategia actual rompe con esa tradición y sitúa al Ejecutivo de Sánchez en una senda de confrontación innecesaria.

Este giro coincide, además, con un momento de extrema fragilidad interna para el Gobierno, marcado por crisis de gestión, desgaste político y una creciente desconfianza ciudadana. En este contexto, Bruselas interpreta que algunas iniciativas responden más a una lógica de impacto mediático interno que a una planificación sólida y compatible con el marco europeo.

NO HA TERMINADO LA GUERRA DE PEDRO

La UE no es un actor abstracto ni un enemigo político al que señalar. Es el espacio jurídico y económico del que España forma parte y del que depende en ámbitos clave como la financiación, la estabilidad institucional y la credibilidad internacional.

Las consecuencias de ignorar a Bruselas
Las advertencias de la Comisión Europea no suelen ser improvisadas. Constituyen, habitualmente, el paso previo a procedimientos de infracción, correcciones legislativas forzosas o sanciones. Persistir en una estrategia de choque con las instituciones comunitarias puede tener un coste elevado para España, más allá del Gobierno de turno.

El riesgo es doble: deteriorar la posición española en la toma de decisiones europeas y normalizar una forma de gobernar basada en el desafío a los contrapesos institucionales, tanto nacionales como europeos.

Europa como límite democrático
La Unión Europea no limita la acción política por capricho, sino para garantizar que ningún gobierno utilice causas legítimas —como la migración o la protección digital— para erosionar derechos, romper consensos o actuar al margen de las reglas comunes.

El aviso lanzado a Pedro Sánchez debería interpretarse como una llamada a la rectificación y al respeto institucional. Convertir a Bruselas en un adversario político puede ofrecer rédito a corto plazo en el debate interno, pero a medio y largo plazo debilita la confianza, erosiona la credibilidad del país y coloca a España en una posición incómoda dentro del proyecto europeo.

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