Impacto España Noticias
El magistrado Ismael Moreno, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha decidido ampliar la investigación conocida como ‘caso Koldo’ incorporando nuevas declaraciones sobre presuntas entregas de dinero en efectivo en la sede central del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), situada en la calle Ferraz de Madrid.
La empresaria Carmen Pano ha asegurado que en octubre de 2020 realizó dos aportaciones en metálico que sumaban 45.000 euros. Según su versión, el dinero fue trasladado hasta la sede del partido, y en una de esas ocasiones contó con la ayuda de su colaborador Álvaro Gallego, quien habría actuado como conductor. Este último describió ante el juez que el efectivo se transportaba en fajos de billetes guardados dentro de una caja de cartón, introducida a su vez en una bolsa.
Estas manifestaciones se produjeron inicialmente en otra causa judicial y ahora pasan a formar parte de la pieza separada que analiza los pagos en efectivo vinculados al entorno del exministro José Luis Ábalos y de quien fuera su asesor, Koldo García. Esta línea de investigación permanece bajo secreto.
Por su parte, el empresario Víctor de Aldama negó que esas entregas de 45.000 euros llegaran a producirse y sostuvo que no dio indicación alguna para que la empresaria acudiera a la sede socialista. No obstante, sí afirmó haber recibido documentación que, según su relato, estaría relacionada con una supuesta financiación irregular. En ese contexto mencionó a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y a la petrolera estatal PDVSA, señalando que se le habría entregado un sobre con información sensible.
La pieza relativa a los pagos en metálico se abrió después de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente remitiera actuaciones a la Audiencia Nacional al apreciar posibles inconsistencias entre las cantidades abonadas y los gastos que habrían sido justificados. El foco está puesto en esclarecer el origen de los fondos disponibles en efectivo y determinar si pudieron emplearse para encubrir dinero procedente de actividades ilícitas mediante la justificación de gastos.
El juez instructor ha fundamentado el mantenimiento del secreto en la gravedad de los hechos investigados y en el número de personas potencialmente afectadas, entre ellas cargos orgánicos, trabajadores y colaboradores del partido. Mientras tanto, el PSOE sostiene que no ha existido irregularidad alguna y mantiene su disposición a colaborar con la Justicia.
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