Impacto España NoticiasLa decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar la desclasificación de documentos del 23-F ha sido presentada como un acto de transparencia democrática. Sin embargo, el momento elegido y el tono empleado por el Ejecutivo invitan a una lectura política menos complaciente. Cuando un presidente cercado por polémicas y desgaste institucional sitúa en el centro del debate un episodio de hace más de cuarenta años, la sospecha de instrumentalización es inevitable.
El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió armado en el Congreso de los Diputados mientras se votaba la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Aquella noche, con los tanques desplegados en Valencia por orden de Jaime Milans del Bosch y con el mensaje televisado del rey Juan Carlos I, la joven democracia española superó su prueba más crítica. Nadie discute la relevancia histórica de aquel episodio. Lo que sí se discute es su uso político actual.
En plena controversia por investigaciones judiciales y por el desgaste que afecta al entorno del poder, Sánchez ha optado por elevar el debate al plano simbólico. Se trata de desplazar el foco desde las incómodas preguntas del presente hacia la épica democrática del pasado. El argumento oficial apela a frenar la desinformación y a impedir que sectores radicales reescriban la historia. Pero el efecto práctico es otro: quien cuestione la oportunidad o las motivaciones del Ejecutivo queda situado bajo sospecha ideológica.
La memoria democrática no debería ser un arma arrojadiza. Sin embargo, la estrategia del actual Gobierno ha sido convertir casi cada discrepancia política en un conflicto moral. El 23-F ofrece un terreno idóneo: un episodio cargado de dramatismo, miedo y legitimidad constitucional. Invocarlo permite dibujar una línea divisoria clara entre “defensores” y “enemigos” de la democracia.
La legislatura no atraviesa su momento más sólido. Las investigaciones que salpican al entorno político del presidente, las polémicas institucionales y la percepción de opacidad en determinadas decisiones han erosionado la confianza pública. Sin prejuzgar responsabilidades —que deberán dirimirse en los tribunales—, el clima político es tenso y la credibilidad del Ejecutivo sufre.
En ese escenario, colocar el foco en el 23-F supone cambiar la conversación. Se pasa de discutir sobre posibles irregularidades actuales a debatir sobre amenazas históricas. Se sustituye la fiscalización del poder por la apelación a la memoria. Es una maniobra clásica: cuando el presente incomoda, se invoca el pasado.
Desde su llegada a La Moncloa, Pedro Sánchez ha demostrado una notable capacidad para convertir la confrontación en cohesión interna. Frente a una oposición retratada como una amenaza sistémica, el Gobierno refuerza su base electoral mediante la movilización emocional. El 23-F encaja perfectamente en esa narrativa: quien no respalde la iniciativa puede ser señalado como tibio ante el golpismo o indulgente con el autoritarismo.
Pero esta lógica tiene un coste. La democracia liberal se sostiene sobre el pluralismo, no sobre la sospecha permanente. Convertir cada desacuerdo en una batalla existencial erosiona el espacio común y profundiza la fractura social. El adversario político deja de ser un competidor legítimo para convertirse en un peligro a neutralizar.
Si la apuesta es por la transparencia, esta debe ser coherente y transversal. Desclasificar documentos de 1981 puede contribuir al conocimiento histórico, pero la ciudadanía también exige claridad sobre las decisiones del presente: nombramientos, contratos, gestión institucional y responsabilidades políticas actuales. La transparencia no puede ser un recurso estratégico activado cuando conviene reforzar un relato.
El riesgo de esta operación es doble. Por un lado, banalizar un episodio histórico trascendental utilizándolo como instrumento coyuntural. Por otro, alimentar una polarización que convierte el debate público en un campo de trincheras permanente.
El 23-F pertenece a todos los españoles, no a ningún gobierno concreto. Su estudio y esclarecimiento son deseables, pero deben realizarse desde el rigor y el consenso institucional, no desde la confrontación partidista. Cuando la memoria se convierte en parapeto frente al desgaste político, pierde parte de su legitimidad moral.
Pedro Sánchez tiene derecho a impulsar políticas de memoria histórica. Lo que resulta cuestionable es el momento y la forma: en medio de un clima de sospecha y desgaste, la iniciativa se percibe menos como un compromiso con la verdad y más como una maniobra de distracción.
La democracia española necesita rendición de cuentas en el presente tanto como claridad sobre el pasado. Utilizar el 23-F como escudo político puede ofrecer réditos tácticos a corto plazo, pero a largo plazo erosiona la confianza en las instituciones. Y sin confianza, ninguna memoria —por legítima que sea— puede sostener el edificio democrático.
A esta estrategia de elevación simbólica del debate se suma otro elemento que alimenta la desconfianza: la falta de explicaciones claras en asuntos que afectan directamente a la credibilidad del presidente Pedro Sánchez.
Uno de ellos es el uso del avión oficial Falcon y los viajes a República Dominicana. Desde la oposición y distintos sectores sociales se ha reclamado mayor detalle sobre la naturaleza, agenda y coste de determinados desplazamientos.
No se trata de cuestionar la utilización de medios oficiales —previstos para la seguridad del jefe del Ejecutivo—, sino de exigir transparencia completa cuando surgen dudas públicas. En una etapa de máxima sensibilidad respecto al gasto institucional, el silencio o las explicaciones parciales no contribuyen precisamente a reforzar la confianza.
Más delicado aún es el asunto de las insinuaciones y acusaciones —difundidas en el debate político— relativas a una supuesta financiación irregular en las primarias del PSOE y a la figura de su suegro, con dinero que venia de los prostitucion. Pero precisamente por la gravedad de las mismas, la respuesta política no puede limitarse al reproche genérico o a la descalificación del adversario.
Cuando sobre un presidente del Gobierno planean sospechas, aunque sean infundadas o interesadas, la mejor herramienta es la transparencia proactiva. Explicaciones exhaustivas, documentación clara y comparecencias sin ambigüedades. La negativa a abordar públicamente cada arista del asunto deja espacio a la especulación y alimenta la narrativa de opacidad que el propio Ejecutivo dice combatir.
Otro punto que ha generado desconcierto es el cambio de posición respecto al Sáhara Occidental. Durante años, el Partido Socialista defendió una línea alineada con las resoluciones internacionales sobre el derecho de autodeterminación. Sin embargo, el respaldo del Gobierno de Sánchez al plan marroquí de autonomía supuso un giro abrupto sin un debate parlamentario previo proporcional a la magnitud de la decisión.
El cambio no solo alteró décadas de política exterior española, sino que tensó las relaciones con Argelia y provocó divisiones internas. Más allá de la legitimidad del Ejecutivo para redefinir estrategias diplomáticas, lo que muchos ciudadanos cuestionan es la falta de explicación política detallada y transparente. Las grandes decisiones de Estado requieren pedagogía democrática; de lo contrario, se perciben como movimientos tácticos opacos.
Cuando se combinan estos elementos —viajes bajo sospecha pública, acusaciones que no se abordan con claridad meridiana y giros estratégicos en política exterior— el problema no es únicamente jurídico, sino político. La percepción de opacidad erosiona la autoridad moral con la que se pretende liderar batallas simbólicas en nombre de la democracia.
Si el Gobierno exige claridad histórica sobre el 23-F para combatir la desinformación, debe aplicar el mismo estándar al presente. No puede reclamar luz sobre 1981 mientras mantiene zonas de sombra en 2026. La coherencia democrática no admite compartimentos estancos.
La ciudadanía no necesita épica permanente ni confrontación constante. Necesita instituciones que expliquen, documenten y rindan cuentas sin rodeos. Solo así la memoria histórica dejará de parecer una cortina de humo y recuperará su función genuina: fortalecer la democracia, no blindar coyunturas políticas.
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