Barrabés envía al juez Peinado un correo inédito de Begoña Gómez

El empresario Juan Carlos Barrabés ha reaccionado con contundencia a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer su enjuiciamiento por delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, apropiación indebida e intrusismo profesional.

 En el recurso presentado, el investigado rechaza de plano la interpretación de los hechos realizada por el instructor y sostiene que se ha construido una versión que no refleja lo sucedido.

La causa en la que se enmarca esta decisión también afecta a Begoña Gómez, vinculada a proyectos académicos desarrollados en la Universidad Complutense de Madrid, así como a su entorno profesional, entre ellos su asesora Cristina Álvarez. El caso ha adquirido relevancia por su conexión con el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su escrito, Barrabés sostiene que las conclusiones del juez Peinado no derivan de un análisis lógico de las diligencias practicadas, sino de una reconstrucción que, en su opinión, desvirtúa los hechos. Considera que se ha elaborado un relato que no se corresponde con la realidad y que le sitúa injustamente a las puertas de un proceso penal.

El empresario basa su defensa en negar cualquier implicación en la cátedra de Transformación Social Competitiva. Afirma que ni él ni su grupo empresarial participaron en su creación, ni en su desarrollo, ni en su estructura organizativa. Según su versión, no intervino en convenios, no formó parte de órganos de decisión y no figura en los documentos esenciales vinculados a la puesta en marcha de esta iniciativa académica.

Barrabés explica que su relación con Begoña Gómez comenzó en 2019, en el marco de un encuentro profesional sobre sostenibilidad. A raíz de ese contacto, y debido a su experiencia en el ámbito de la innovación, recibió una propuesta para colaborar en un máster universitario. Insiste en que su papel fue estrictamente académico y limitado a la docencia.

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En concreto, señala que impartió dos clases repartidas en dos cursos distintos, por las que percibió una retribución acorde a tarifas habituales en este tipo de colaboraciones. Subraya que su participación fue puntual y equiparable a la de otros numerosos profesores externos, sin asumir funciones de dirección, organización o diseño del programa formativo.

Para respaldar su versión, aporta un correo electrónico en el que Begoña Gómez le solicita que complete una ficha con sus datos curriculares para formalizar su incorporación como docente. A juicio del empresario, esta comunicación evidencia que su participación fue solicitada por la propia Gómez y que se enmarcó en una colaboración profesional ordinaria dentro del ámbito universitario.

Otro de los ejes de su defensa es la cronología. Barrabés destaca que la cátedra objeto de investigación se constituyó en octubre de 2020, es decir, con posterioridad a su colaboración inicial como profesor. En su opinión, este hecho descarta cualquier relación directa entre su actividad docente y la creación o funcionamiento de la cátedra.

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No obstante, durante la investigación han surgido documentos en los que se menciona al grupo Barrabés en el contexto de la cátedra. En ellos se hace referencia a posibles colaboraciones, a su inclusión en espacios consultivos y a contribuciones en determinados proyectos vinculados con la transformación social. Estas menciones introducen elementos que podrían sugerir una relación más amplia de la inicialmente reconocida.

Pese a ello, el empresario insiste en que dichas referencias no implican una participación real ni una vinculación estructural. Defiende que no se materializó ninguna relación formal ni contractual que lo integrara en la cátedra o le otorgara capacidad de influencia dentro de la misma.

El procedimiento judicial se centra, en última instancia, en determinar el alcance real de su implicación. La cuestión clave es si su intervención se limitó a una colaboración docente puntual o si existió una relación más profunda con posibles consecuencias jurídicas. De la resolución de este punto dependerá que los hechos sean considerados constitutivos de delito o, como sostiene Barrabés, fruto de una interpretación errónea de su actividad profesional.