Sigue la causa contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía del PSOE imputados por ayudas sospechosas a Boliden Apirsa

En una pieza separada del caso ERE, el juez les atribuye la concesión y pago de 54 millones en subvenciones de forma ‘injusta y arbitraria’
Investigacion Judicial30 de abril de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias

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Un juez de instrucción de Sevilla decidió continuar el proceso penal contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía del PSOE en el marco de una pieza separada del caso ERE, centrada en las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de ayudas públicas a la empresa minera Boliden Apirsa y a sus extrabajadores por un importe total de 54,2 millones de euros.

Los siete ex altos cargos que continúan como investigados son un exconsejero (Manuel Recio Menéndez), tres exviceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y un ex director general de la Agencia IDEA. El juez les atribuye una presunta participación directa en la concesión y pago de subvenciones que, según el auto, se habrían otorgado de forma «injusta y arbitraria«.

El magistrado considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

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Más de 54 millones en ayudas cuestionadas

El grueso del dinero investigado, algo más de 52,5 millones de euros, se destinó a financiar una póliza de seguro colectivo de rentas temporales suscrita por los sindicatos CCOO y UGT con Vitalicio Seguros para cubrir los compromisos adquiridos con los trabajadores afectados por el ERE 3/2001 de Boliden Apirsa. A esa cantidad se sumaron otros 1,7 millones para ampliar dicha póliza con rentas vitalicias adicionales.

El juez también pone el foco en las ayudas extraordinarias abonadas entre 2008 y 2011 a extrabajadores que, tras acogerse a sucesivos planes de recolocación que no llegaron a materializarse, terminaron recibiendo indemnizaciones calificadas como «ayudas sociolaborales excepcionales».

Con el procedimiento abreviado ya acordado, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones disponen de veinte días para pedir la apertura de juicio oral, solicitar el sobreseimiento o reclamar diligencias complementarias.

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