Impacto España Noticias
El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha pedido al partido liderado por Pedro Sánchez que, en un plazo de 10 días, le informe sobre el motivo por el cual el PSOE de Cantabria abonó a Leire Díez un total de 15.612 euros en concepto de periodista en 2017.
El togado quiere saber, además, si sobre dicha actividad existió algún contrato previo de algún tipo y si se emitió factura.
Así consta en una resolución, en la que a su vez rechaza citar por ahora como testigo a Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE hasta octubre de 2025 y al político socialista Juan Francisco Serrano Martínez.
Y es que fue el pasado mes de diciembre cuando el PSOE reconoció haber abonado a la exmilitante socialista dicha cuantía por la realización de trabajos periodísticos en concepto de “servicios en régimen mercantil”. Al mismo tiempo, en el escrito remitido al juez, precisaban que no ha mantenido relación laboral con el partido ni consta que haya ocupado cargos orgánicos en el mismo.
Según fuentes del entorno de la exmilitante socialista consultadas por este medio, Díez trabajó como asistente de prensa para el Grupo Parlamentario Socialista de Cantabria entre los años 2015 y 2017, bajo el régimen de trabajadora autónoma. Explican que se dedicaba a labores como redactar notas de prensa o respuestas parlamentarias.
Antes, tal y como detalla el PSOE en su escrito, fue concejal en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015, además de estar afiliada al partido entre los años 2006 y 2025, cuando se dio de baja tras la publicación de un audio en el que ofrecía a un empresario imputado en un fraude de hidrocarburos beneficios judiciales a cambio de información sensible sobre el alto mando de la Guardia Civil que comanda la investigación del caso Koldo, entre otros.
El juez Zamarriego investiga desde mayo de 2025 la causa conocida como ‘cloacas del PSOE’. En ella, se analizan las posibles maniobras que pudieron llevar los acusados Díez y Javier Pérez Dolset, acusados de delitos de tráfico de influencias y cohecho, para obtener información que afectase a fiscales y a miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sobre todo, del teniente coronel, Antonio Balas.
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