Manos Limpias presenta una querella contra Zapatero y Plus Ultra por el rescate de 53 millones aprobado por el Gobierno

Manos Limpias ha presentado una querella criminal ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid contra el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y contra la mercantil Plus Ultra Líneas Aéreas por su presunta participación en irregularidades relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en marzo de 2021.

La acción judicial sostiene que la operación pudo haberse concedido vulnerando los criterios legales establecidos para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.

Según el escrito presentado, la compañía aérea no reunía los requisitos exigidos por el Real Decreto-ley 25/2020, al no ser considerada —según la querellante— una empresa estratégica para España ni presentar solvencia suficiente.

El rescate de 53 millones que nunca dejó de generar polémica

El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra. La operación fue defendida por el Gobierno como una medida necesaria para preservar conectividad aérea, empleo y relaciones estratégicas con América Latina.

No obstante, desde el primer momento la decisión despertó críticas políticas y mediáticas. Diversos sectores cuestionaron que una aerolínea con cuota de mercado reducida y limitada estructura empresarial pudiera recibir semejante inyección de dinero público.

La querella de Manos Limpias eleva ahora esas sospechas al terreno penal.

Manos Limpias señala directamente a José Luis Rodríguez Zapatero

Uno de los puntos centrales del escrito es la atribución a José Luis Rodríguez Zapatero de un supuesto papel activo en las gestiones para desbloquear el rescate.

La querella incorpora declaraciones atribuidas al empresario Víctor de Aldama, quien en una entrevista televisiva aseguró que Zapatero acudió personalmente al Ministerio de Transportes para presionar al entonces ministro José Luis Ábalos.

Según el relato recogido en la denuncia, Zapatero habría exigido el rescate de Plus Ultra alegando que la petición provenía directamente del presidente Pedro Sánchez.

El escrito sostiene que Ábalos habría mostrado inicialmente resistencia ante informes técnicos desfavorables sobre la viabilidad de la compañía.

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La querella reproduce declaraciones en las que Aldama asegura que dichos informes internos consideraban que Plus Ultra carecía de activos estratégicos suficientes y presentaba graves debilidades financieras.

La acusación sobre una presunta comisión en Panamá

La parte más grave del escrito judicial se refiere a una supuesta comisión de 10 millones de euros vinculada al rescate.

Según las manifestaciones incorporadas a la querella, tras aprobarse la ayuda pública se habría producido una transferencia hacia Panamá relacionada con supuestas comisiones.

Manos Limpias cita además afirmaciones públicas del periodista Albert Castillón, quien aseguró haber localizado una presunta cuenta bancaria vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero en una entidad financiera panameña.

Con base en ello, la acusación solicita al juzgado una comisión rogatoria internacional para verificar si el expresidente mantiene cuentas en Panamá y, en su caso, obtener movimientos bancarios desde marzo de 2021.

Hasta este momento no consta acreditación judicial pública de dichas afirmaciones.

Vínculos con investigados y reuniones sobre Plus Ultra

La querella también menciona informaciones periodísticas sobre supuestas reuniones entre José Luis Rodríguez Zapatero y personas vinculadas a investigaciones relacionadas con Plus Ultra.

Entre ellas figura Julio Martínez Martínez, citado en el escrito como persona conectada con decisiones estratégicas de la compañía.

Según publicaciones incorporadas como documentación por Manos Limpias, Zapatero habría mantenido encuentros con personas relacionadas con la operativa empresarial de la aerolínea y con transferencias investigadas.

Estas referencias forman parte del material indiciario aportado por la acusación popular, pendiente de eventual valoración judicial.

Delitos que atribuye la querella

Manos Limpias califica inicialmente los hechos como posibles delitos de:

• malversación de caudales públicos;
• tráfico de influencias;
• fraude en la obtención de subvenciones públicas.

Además, solicita investigar posibles responsabilidades adicionales que puedan surgir durante la instrucción.

La responsabilidad civil inicial reclamada asciende a 53 millones de euros, coincidiendo con el importe íntegro del rescate.

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Testigos y diligencias solicitadas

La querella reclama numerosas diligencias, entre ellas:

• declaración como investigado de José Luis Rodríguez Zapatero;
• declaración de Plus Ultra como entidad investigada;
• comparecencia de Víctor de Aldama;
• declaración de José Luis Ábalos;
• declaración de Koldo García Izaguirre;
• comparecencia del periodista Albert Castillón;
• declaración del periodista Alejandro Entrambasaguas;
• requerimiento a la SEPI de toda la documentación del expediente;
• remisión del acta del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021;
• investigación bancaria internacional en Panamá.

Un frente judicial de alto voltaje político

La presentación de esta querella vuelve a colocar bajo escrutinio una de las operaciones más controvertidas del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia.

El rescate de Plus Ultra se convirtió desde 2021 en uno de los expedientes más discutidos de la política económica española, especialmente por la naturaleza de la empresa beneficiaria y por las dudas sobre su carácter estratégico.

La incorporación del nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, figura histórica del PSOE y expresidente del Gobierno, añade una dimensión política de enorme relevancia.

Pendiente de admisión judicial

Por el momento, la querella presentada por Manos Limpias constituye únicamente una acusación formal pendiente de valoración por parte del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Será el juzgado quien determine si los indicios aportados justifican la apertura o reapertura de diligencias penales.

Hasta entonces, el caso Plus Ultra continúa proyectando una larga sombra sobre una de las decisiones económicas más polémicas adoptadas por el Ejecutivo durante la crisis sanitaria.