El Gobierno y sus socios rechazan aumentar la protección de la Guardia Civil frente al narcotráfico

El rechazo de la propuesta evita que la Cámara inste al Ejecutivo a adoptar nuevas medidas para reforzar la operatividad de los agentes destinados a combatir las redes del narcotráfico en el sur de España. La iniciativa defendía incrementar los recursos disponibles, reconocer la profesión de riesgo de policías nacionales y guardias civiles y mejorar la protección de los efectivos desplegados frente a organizaciones criminales que, según denunció Vox, emplean una «violencia extrema».

Durante el debate, el diputado de Vox sostuvo que el narcotráfico constituye «un gravísimo problema» para la seguridad del Estado y aseguró que los propios agentes llevan años trasladando al Ministerio del Interior la necesidad de contar con más plantillas, mejores medios de protección y mayores dotaciones materiales. La formación vinculó además los asesinatos de Huelva con los ocurridos en Barbate en 2024 y llegó a reclamar la dimisión de Marlaska, al que calificó de «canalla» y acusó de haber mentido para proteger a la directora general de la Guardia Civil.

Empiezan a aparecer algunas de las identidades de los 61 sicarios mediáticos de P.S.

Desde el Grupo Socialista se rechazó la iniciativa al considerar que confundía «el fondo con las soluciones». Los diputados del PSOE defendieron que los problemas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se resuelven «gobernando» y reprocharon a la oposición que trate de presentarse como la única defensora de la Guardia Civil. «Los agentes necesitan medios», admitieron los socialistas, aunque recordaron que los partidos que ahora critican al Ejecutivo también tuvieron responsabilidades de gobierno.

En una línea similar, Sumar acusó a la derecha de utilizar de forma permanente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como instrumentos de confrontación política contra el Ejecutivo. La formación izquierdista sostuvo que la mejora de las condiciones laborales de los agentes debe pasar por medidas como el reconocimiento de coeficientes reductores para la jubilación o la ampliación de sus derechos laborales y llegó a afirmar que, de haberse aplicado correctamente la normativa de prevención de riesgos laborales tras los sucesos de Barbate, posiblemente no se habrían producido las muertes de Huelva.

El Partido Popular aprovechó el debate para volver a cuestionar la gestión del ministro del Interior y preguntó «¿cuántos agentes más tienen que morir en acto de servicio para que este Gobierno haga algo?». Los populares denunciaron la reiterada prórroga de la proposición de ley destinada a reconocer la profesión de riesgo de policías y guardias civiles y acusaron al Ejecutivo de mantener a los agentes con una insuficiente dotación de medios.

La votación se produce en una semana especialmente delicada para Fernando Grande-Marlaska. El pasado miércoles, el Senado aprobó su cuarta reprobación política desde 2023 por la gestión de su departamento tras la muerte de los dos guardias civiles en Huelva, un episodio que ha vuelto a situar en el centro del debate las reclamaciones históricas de las asociaciones profesionales sobre plantillas, equipamiento y recursos. La comparecencia del ministro prevista para este miércoles se celebrará bajo la sombra de esas críticas.