UCO, UDEF y jueces investigan ya 760 millones repartidos por la SEPI: 81 más que en los ERE

La imputación de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, estalló este lunes y confirmó algo que se presentía hace tiempo. Las sospechas de irregularidades en las ayudas canalizadas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) se han convertido en algo generalizado.

 Los tribunales, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, dudan ya de la legalidad de rescates otorgados por el organismo público por un importe de más de 760 millones de euros. La cantidad supera el desvío de 679 millones de fondos públicos de los ERE de Andalucía. Con Gualda se completa, además, una secuencia inquietante: los tres últimos presidentes de la entidad figuran ya como investigados.

La irrupción de Tubos Reunidos eleva a cuatro las operaciones bajo revisión y en instrucción en diferentes juzgados. El caso Leire y las conexiones de la fontanera del PSOE con el expresidente Vicente Fernández han actuado como el principal detonante.

Sus agendas y conversaciones han precipitado la caída penal de Gualda por Tubos. Junto con ella, la duda se extiende a la gestión de la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero. Entre Fernández, nombrado en junio de 2018, hasta Gualda, al frente aún a día de hoy, han transcurrido ocho años. Los mismos que suman las dos legislaturas de Pedro Sánchez.

Cultura del miedo y control social

A la compañía acerística se suman los préstamos del Gobierno otorgados en 2020 y 2021 a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera. Todos provinieron del FASEE, creado en julio de 2020 para revitalizar a las compañías golpeadas por la pandemia.

Todos levantaron el interés de tramas de corrupción que trataron de aprovecharse de la lluvia de 10.000 millones de euros con la que dotó al fondo. El Gobierno mantiene, contra viento y marea, su confianza tanto en Gualda como en la propia SEPI y defendió este lunes el rigor de los expedientes del fondo cuya acción -destacó- logró salvar 62.000 empleos, según fuentes del Ejecutivo de Sánchez.

El más sonado de las últimas semanas ha sido el caso de Plus Ultra, con el que se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Es, no obstante, el más bajo de los cuatro. Un total de 53 millones concedidos el 9 de marzo de 2021 que se han llevado por delante al socialista. Las sospechas de los investigadores son que se impulsó gracias a la trama de tráfico de influencias que lideraba y de la tapadera de su socio, el desconocido empresario alicantino Julio Martínez. Como contrapartida, comisiones disfrazadas de trabajos de asesoría cobrados por él y su entorno familiar, principalmente sus hijas, que han sido imputadas.

En cuanto a Air Europa, los recelos fueron aumentando a lo largo de 2025, alimentados por los vínculos del exCEO Javier Hidalgo con el Ministerio de Transportes de la etapa Ábalos y con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Todo parecía, no obstante, dirigido al archivo. La cantidad aquí es significativamente superior: 475 millones de euros.

Hace solo unos días, el Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid dio la sorpresa. Admitió a trámite una querella presentada por el Partido Popular y Vox, e imputó al entonces presidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Las sospechas se basan en este caso en el incumplimiento de las condiciones para que fuera otorgado.

 La compañía de los Hidalgo mantenía una deuda tributaria de 5,8 millones de euros, lo que no casa con los requisitos establecidos por el Gobierno para la concesión del rescate, se tramitó de manera 'exprés' y logró eludir los controles europeos, indican los denunciantes.

Respecto a Duro Felguera, beneficiada con una ayuda total de 120 millones en dos fases, los indicios de irregularidades han ido aflorando en relación con otros casos. Para empezar, la Audiencia Nacional ha fijado para el 19 de octubre el juicio contra la empresa asturiana, su expresidente Juan Carlos Torres y los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en el país caribeño.

Sigue la humillación: un centenar de etarras acceden a la semilibertad bajo la gestión del Gobierno

Para continuar, se ha detectado que las cloacas que dirigía Leire Díez -conectada a su vez con la SEPI- maniobraron para obtener la nacionalidad de Villalobos.

El último escándalo, el definitivo, ha sido el de Tubos Reunidos. La UCO ha detectado en este caso pagos recibidos por el expresidente de la Sepi Vicente Fernández a raíz del rescate de la empresa tubera por 112 millones de euros.

La ayuda se aprobó pese a la evidencia de que se encaminaba a la quiebra. De las conversaciones incautadas en el caso de la fontanera que dirige el juez Santiago Pedraz se ha constatado que el grupo mantenía hilo directo con la actual presidenta y que contactaron con multitud de directivos del organismo público.

Solvencia y estatus estratégico

Los cuatro rescates coinciden más bien poco con los criterios principales fijados para la concesión de las ayudas. Por una parte, se buscaba que las empresas fueran estratégicas en sus sectores. Al menos en tres de los casos -Plus Ultra, Duro Felguera y Air Europa- esa condición no se cumplía. El segundo requisito, la solvencia, también se tambalea. Varios ejemplos. Tubos está en concurso de acreedores, Plus Ultra desvió presuntamente las cantidades recibidas a una trama criminal y la ayuda de Air Europa se aprobó con una deuda que ascendía a 58,8 millones de euros.

La herramienta se ideó tras la irrupción del covid como instrumento de urgencia para salvar a las principales compañías de una caída en picado. Tras recibir casi un centenar de solicitudes, el Fondo de Apoyo a la Solvencia finalizó con 30 operaciones aprobadas por 3.255 millones de euros. 

La propia SEPI informó al término de su actividad de que el Consejo de Ministros había autorizado apoyo público temporal con cargo a las empresas Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas S.A, Grupo Ferroatlántica S.A.U, Grupo Inversor Hesperia (GIHSA), Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Celsa España, ISASTUR, Vivanta, Imasa, Meeting Point y Blue Sea.

La imputación de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, estalló este lunes y confirmó algo que se presentía hace tiempo. Las sospechas de irregularidades en las ayudas canalizadas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) se han convertido en algo generalizado.

Los tribunales, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, dudan ya de la legalidad de rescates otorgados por el organismo público por un importe de más de 760 millones de euros. La cantidad supera el desvío de 679 millones de fondos públicos de los ERE de Andalucía. Con Gualda se completa, además, una secuencia inquietante: los tres últimos presidentes de la entidad figuran ya como investigados.