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El testimonio de Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, ante la Audiencia Nacional sitúa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a las puertas de una inminente imputación judicial. Durante una tensa comparecencia ante el magistrado Santiago Pedraz, el máximo mando operativo del Instituto Armado admitió de forma inequívoca que el ministro Marlaska le telefoneó personalmente para fiscalizar el contenido de una investigación criminal de máxima sensibilidad.
Esta confesión destruye la versión oficial de neutralidad que defiende el Gobierno y confirma la existencia de maniobras políticas directas desde el Ministerio del Interior para controlar los informes policiales que afectan a los familiares más cercanos del presidente Pedro Sánchez.
El magistrado investiga estos hechos dentro del denominado caso Leire, una causa penal que evalúa la presunta comisión de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por parte de altos cargos gubernamentales. Las declaraciones del DAO confirman que la cúpula política del Ministerio del Interior reaccionó con extrema urgencia ante los hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO).
La revelación sitúa a Fernando Grande-Marlaska en una posición insostenible dentro de un Ejecutivo central cercado por los tribunales, donde la sombra de la corrupción sistémica alcanza ya a múltiples ministerios, altos cargos orgánicos y a la propia familia directa del presidente del Gobierno.
La secuencia de los hechos delictivos que relató el general Manuel Llamas sitúa el inicio de las presiones el 29 de noviembre de 2024. Aquel día, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, llamó al DAO alarmada por un hallazgo específico de los investigadores. La Unidad Central Operativa había incorporado un correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente, dentro del informe informático remitido al juzgado que investiga a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo.
Esta conexión documental desató el pánico en los despachos del complejo de la Moncloa y del Ministerio del Interior, activando una cadena de llamadas telefónicas e instrucciones verticales para exigir explicaciones a los investigadores.
Tras conversar con la directora general, Llamas ordenó de inmediato al entonces jefe de la Policía Judicial, el general Alfonso López Malo, que averiguara los motivos técnicos de la inclusión de ese correo electrónico en las diligencias judiciales. La respuesta inicial del mando policial no satisfizo las exigencias de la cúpula política.
Pocos minutos después, el propio ministro Fernando Grande-Marlaska descolgó el teléfono para interrogar personalmente al DAO sobre el avance de las pesquisas y el origen de la documentación. Esta intervención directa de un miembro del Consejo de Ministros en una causa judicial abierta constituye una intromisión intolerable que desborda las competencias del poder ejecutivo.
Ante la persistencia de las dudas y la presión ejercida desde el aparato político, el general Llamas ordenó el 4 de diciembre de 2024 la apertura de una información reservada de carácter interno contra los propios agentes que investigaban la corrupción del entorno presidencial. El Ministerio del Interior instrumentalizó los mecanismos de control disciplinario de la Guardia Civil para fiscalizar el trabajo independiente de la UCO, un procedimiento que concluyó finalmente con una propuesta de amonestación a los investigadores.
El expediente interno sirvió como herramienta de castigo y coacción para amedrentar a los profesionales de la seguridad pública que simplemente cumplían con su obligación constitucional de perseguir el delito.
El hostigamiento de la cúpula de Interior hacia los investigadores de la UCO incluyó directrices expresas para limitar su capacidad operativa. El propio DAO admitió ante el juez Pedraz que mantuvo reuniones con los responsables de la unidad especial para exigirles que evitaran actuar de forma proactiva durante el desarrollo de las diligencias penales.
Aunque el mando operativo negó el uso de la expresión vulgar de ponerse de perfil, reconoció formalmente que trasladó la conveniencia de no asumir iniciativas de investigación propias. Esta orden buscaba maniatar a la unidad de élite contra la corrupción para impedir que las pesquisas alcanzaran nuevos ramales del entorno familiar del presidente del Gobierno.
Las investigaciones judiciales del caso Leire sitúan tanto a Manuel Llamas como a la directora general Mercedes González con la condición formal de investigados por delitos graves de prevaricación y obstrucción a la justicia. Las pesquisas de la UCO demuestran que Mercedes González mantuvo reuniones secretas con Leire Díez, una conocida exmilitante de las filas socialistas.
Las pesquisas acreditan que Díez realizaba gestiones para intentar desacreditar y sabotear las investigaciones judiciales que afectaban de lleno al entorno del Gobierno central. Estos encuentros clandestinos coincidieron en el tiempo con la apertura de los expedientes disciplinarios internos contra los agentes de la Guardia Civil.
La estrategia criminal de Leire Díez consistía en aprovechar su influencia política y sus relaciones con los altos cargos designados por el PSOE para impulsar represalias administrativas contra los agentes que lideraban las pesquisas anticorrupción. La confesión del DAO confirma que la maquinaria del Ministerio del Interior funcionó al unísono con estos intereses particulares para proteger al partido.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se consolida definitivamente ante la opinión pública como el Gobierno de los imputados, una estructura en la que ministros, directores generales y familiares directos van cayendo de forma escalonada ante el avance imparable de los tribunales de justicia de la nación.
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