El Gobierno impone el secreto en los vuelos militares que llevan inmigrantes a la Península
Pedro Sánchez ha optado por blindar con secreto institucional una parte sensible de su política migratoria: los vuelos militares destinados al traslado de inmigrantes en situación irregular desde Canarias a la Península.
En respuesta a solicitudes parlamentarias y periodísticas, el Ejecutivo ha rehusado informar sobre el número exacto de estos vuelos durante los años 2023, 2024 y lo que va de 2025. La decisión ha generado debate sobre los límites entre la seguridad operativa, la protección de los derechos humanos y el derecho a la transparencia en la gestión pública.
La petición fue trasladada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, quien se negó a ofrecer datos concretos argumentando que la difusión de dicha información “podría comprometer el desarrollo de operaciones logísticas” y que los inmigrantes trasladados pertenecen a “colectivos vulnerables”, como los solicitantes de protección internacional, cuya identidad y situación deben preservarse bajo confidencialidad.
Una práctica sistemática pero poco visible
Desde hace años, y especialmente tras el notable aumento de llegadas de inmigrantes irregulares a Canarias —que se ha convertido en uno de los principales puntos de acceso a Europa desde África—, el Gobierno ha recurrido al uso de medios aéreos, incluidos aviones del Ejército del Aire, para descongestionar los centros de acogida en el archipiélago. Se trata de vuelos organizados para trasladar a los migrantes a centros peninsulares donde se les puede ofrecer asistencia humanitaria, tramitar su situación legal o gestionar retornos.
Aunque la práctica es conocida entre ONG, autoridades autonómicas y cuerpos de seguridad, el uso de medios militares añade una capa de complejidad. No solo por el uso de recursos de Defensa, sino por el blindaje informativo que conlleva: horarios, rutas, número de pasajeros, aeropuertos de destino y frecuencia se mantienen en secreto.
Razones de seguridad y protección jurídica
El Gobierno defiende su posición en base a dos pilares. En primer lugar, considera que revelar estos detalles afectaría a la seguridad de las operaciones logísticas. Desde el punto de vista técnico y estratégico, una operación de traslado de personas en situación irregular, muchas veces bajo procedimientos especiales de protección o custodia, podría ser objeto de alteraciones, protestas o incluso sabotajes si se conoce de antemano.
En segundo lugar, se apela a la protección de los derechos de los migrantes. “Se trata de colectivos vulnerables”, insiste el Ministerio, “como en el caso de los solicitantes de protección internacional”. Esto hace que el Gobierno tenga la obligación legal y moral de preservar su anonimato, evitando la exposición pública o mediática que pueda derivarse de detalles logísticos.
El debate: ¿transparencia o opacidad?
La medida, sin embargo, ha sido criticada por diversos sectores. Desde partidos de la oposición hasta organizaciones pro derechos humanos, se cuestiona la falta de transparencia en una materia tan sensible como la migración, donde el control ciudadano y parlamentario debería estar garantizado.
El uso de recursos militares en operaciones de carácter civil también plantea preguntas. ¿Por qué no se recurre a vuelos comerciales contratados, como en otras ocasiones? ¿Quién autoriza los traslados? ¿Cuáles son los criterios de selección para las personas trasladadas? ¿Qué derechos tienen durante el trayecto?
El Defensor del Pueblo ya ha advertido en informes anteriores que el Estado debe garantizar la trazabilidad de los procedimientos de acogida y traslado, incluso cuando se trate de operaciones discretas. El secreto, en estos casos, puede abrir la puerta a situaciones de indefensión jurídica o incluso de trato desigual entre migrantes.
Contexto europeo: una práctica común, pero menos opaca
A nivel europeo, el uso de vuelos para redistribuir solicitantes de asilo o inmigrantes irregulares entre regiones es común. Grecia, Italia y Alemania han participado en programas de reubicación promovidos por la Unión Europea, especialmente tras crisis migratorias como la de 2015. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos traslados se realizan con carácter civil y en coordinación con agencias internacionales como ACNUR o la OIM, con informes públicos periódicos.
España, en cambio, ha optado por mantener bajo reserva gran parte de sus operaciones internas, lo que pone en entredicho su compromiso con la transparencia institucional. En particular, el uso de vuelos militares —sin supervisión parlamentaria directa ni publicación de estadísticas— sitúa a España en una posición ambigua entre el deber de protección y el riesgo de opacidad.
Una política del silencio
El traslado de inmigrantes desde Canarias a la Península es una necesidad operativa ante la presión migratoria que sufre el archipiélago. Sin embargo, la decisión del Gobierno de ocultar los detalles logísticos de estos vuelos militares ha generado un debate legítimo sobre el equilibrio entre seguridad, protección de los vulnerables y derecho a la información.
La gestión migratoria requiere eficacia, pero también garantías democráticas, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. En un contexto en el que la desinformación y el discurso xenófobo ganan terreno, el secretismo puede ser un arma de doble filo: protege a los vulnerables, sí, pero también alimenta la sospecha, la rumorología y la desconfianza ciudadana.
Si el Gobierno aspira a consolidar una política migratoria sostenible, deberá demostrar no solo eficacia logística, sino también transparencia institucional y sensibilidad democrática.
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