Pedro Sánchez ultima la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el apoyo del pleno del Consejo General del Poder Judicial para cortar de raíz las investigaciones judiciales iniciadas por denuncias o querellas de las acusaciones populares.

En este sentido, la reforma propone que sea la Fiscalía y no los jueces quienes estén al cargo de la instrucción de las causas. De esta forma, los casos que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano, respectivamente, del presidente del Gobierno quedarían archivados. El motivo es que la Fiscalía no ve ilícito penal alguno en ambos.

 En el caso de Begoña Gómez, la Fiscalía pidió el archivo e incluso se ha opuesto a llevar a cabo nuevas diligencias pese a los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida imputados a la mujer de Pedro Sánchez, así como al rector de la Complutense y el empresario Juan Carlos Barrabés, ambos investigados por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

En este caso y con la futura reforma de la LECrim en vigor, la Fiscalía habría archivado la instrucción, tal y como pidió en abril de este año.

Es decir, no se habría conocido, por ejemplo, que Begoña Gómez se habría apropiado presuntamente del software, ni tampoco que tendría a personal del Gobierno a su cargo para los negocios privados, un hecho que podría acarrear nuevas acusaciones, como la presunta malversación de fondos públicos. Y es que, Begoña Gómez no tiene asignado ningún tipo de privilegio por residir en La Moncloa.

La Fiscalía ha trabajado insistentemente en el archivo de la causa desde el inicio, frente al trabajo de las acusaciones populares, como Hazte Oír, Manos Limpias o Vox.

Para el Ministerio Público, Begoña Gómez no cometió delito alguno, como asegura en los recursos presentados, incluyendo además su oposición a las citaciones de varios testigos, como Güemes, presidente del IE, que había contratado a Begoña Gómez supuestamente por ser la mujer de Pedro Sánchez, tal y como afirmó una de las empleadas al explicar las cláusulas del contrato.

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Uno de los recursos del caso fue revisado por la Audiencia Provincial de Madrid, que acotó la investigación del juez Juan Carlos Peinado a los años en los que Begoña Gómez lleva en La Moncloa. La Fiscalía ha presentado más de diez recursos en esta causa, sin que ninguno de ellos alcanzara la pretensión inicial.

Sorprende, además, que el primer recurso se realizara apenas un día después de admitirse la denuncia contra Begoña Gómez, sin dar tiempo a realizar pesquisa alguna. Esta es una prueba de la importancia de las acusaciones populares en el caso, las mismas que sentaron en el banquillo a la infanta Cristina y su entonces marido, Iñaki Urdangarin.

Estas acusaciones populares han sido imprescindibles en el caso debido a las denuncias sobre la cátedra extraordinaria concedida a Begoña Gómez y que ha puesto en el foco la acción del rector de la Complutense, Joaquín Goyache Goñi.

De esta forma, con la acción de la Fiscalía no se conocería que el máximo representante de la Complutense se reunió en el despacho de Moncloa con Begoña Gómez para fijar la cátedra extraordinaria ni tampoco la insistencia de la asistente de la mujer de Pedro Sánchez para retener a los patronos.

Un escándalo que quedaría en el limbo de activarse la nueva reforma, que ha sido redactada en parte por un miembro del CGPJ y cuyo voto se mantendrá al margen.

 En el caso de David Sánchez, alias David Azagra, es más de lo mismo, con varapalo de la jueza instructora del caso, Beatriz Biedma, a la Fiscalía. El Ministerio Público trató de dar un carpetazo al asunto con un recurso más propio de un abogado defensor que de quien depende la defensa de los intereses del Estado y de los ciudadanos.

 En un intento de intimidación, la Fiscalía trató de desmontar el caso al oponerse a diligencias en la investigación, entre las que se encontraban las declaraciones de nueve de los imputados, todos ellos relacionados con la Diputación de Badajoz.

En su escrito, el Ministerio Público llegó a asegurar que «no hay causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados, lo cual consideramos esencial para su defensa y es esa omisión la que, a nuestro juicio, debe ser resuelta con anterioridad al despliegue de declaraciones». A estas palabras se adherió el letrado Emilio Cortés, representante legal de David Sánchez.

La magistrada Beatriz Biedma no se deja intimidar en la instrucción del caso del hermano de Pedro Sánchez, David ‘Azagra’ Sánchez, imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación, junto a otras ocho personas, todas ellas relacionadas con el PSOE en la Diputación de Badajoz.

 La juez del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz no solo ha inadmitido el recurso de la Fiscalía contra la imputación de David Sánchez, al que se había adherido la defensa del hermano del jefe del Ejecutivo, sino que le da una soberana lección judicial con un razonamiento sólido.

 La magistrada Biedma da una soberana lección a la Fiscalía, cuyo giro fue muy comentado en este caso, al señalar que una vez admitida a trámite la querella «lo habitual es que se cite a declarar al investigado ante el Juzgado de Instrucción», tal y como establece el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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La imputación, señaló la magistrada, «no quiere decir, en aplicación del principio de presunción de inocencia, que esa persona haya cometido un delito, ni siquiera que vaya a ser acusada por ello», pero se debe realizar una investigación cuando se admite la querella al haber indicios que pueden ser «constitutivos de infracción penal».

Para Hazte Oír, esta reforma judicial propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, cerrando así dos de los casos que acechan directamente al jefe del Ejecutivo. «Esta propuesta constituye un ataque directo a la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos, al principio de igualdad y a la propia esencia del Estado de Derecho», según lo define la plataforma.

 La reforma centraliza la instrucción de los procesos judiciales en la Fiscalía, que actuaría directamente por encima de los jueces y cuyo mandato depende directamente del Gobierno, tal y como se ha demostrado en el caso de Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general imputado por un delito tan grave como la revelación de secretos.

Un caso por el que el juez indaga en el borrado de todo el contenido de su móvil y por el que ha citado a declarar como testigos a dos de los fiscales supuestamente implicados en el asunto de la filtración de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

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Fuente: Moncloa