Si el número de inmigrantes ilegales sigue aumentando, es probable que en poco tiempo puedan convertirse en una mayoría electoral, favoreciendo a partidos que promueven agendas ajenas a la identidad y valores tradicionales de España
Noticias09 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
En medio de una de las peores crisis demográficas y de identidad que ha vivido España en tiempos recientes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido artífice de una política migratoria marcada por la improvisación, la ideología y la rendición sistemática frente a la inmigración ilegal.
Bajo el disfraz de los "derechos humanos" y la "solidaridad", el Ejecutivo socialista ha propiciado un modelo migratorio que ha derivado en descontrol fronterizo, aumento de la inseguridad, tensiones sociales y una preocupante sustitución demográfica que se deja sentir ya en regiones especialmente vulnerables como el País Vasco, Cataluña o algunos barrios de las grandes ciudades.
De la acogida humanitaria al efecto llamada
Desde su llegada al poder en 2018, Pedro Sánchez dejó claro que su gobierno apostaría por una política migratoria de “puertas abiertas”. El gesto inicial fue simbólico y mediático: acoger al barco Aquarius, cargado de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, después de que Italia y Malta se negaran a hacerlo. Esta decisión fue celebrada por las ONG y por buena parte del progresismo europeo, pero marcó el comienzo de una política sin visión de Estado, sin planificación y profundamente irresponsable.
Lejos de adoptar una estrategia firme que combinara la defensa de los derechos humanos con la protección de las fronteras y la soberanía nacional, el Gobierno convirtió a España en uno de los principales destinos de la inmigración irregular en Europa. En 2023, España superó los 60.000 inmigrantes ilegales llegados por mar, la mayoría a Canarias y la costa andaluza, a menudo desde países que ni siquiera atraviesan conflictos armados o persecuciones sistemáticas.
Fronteras desprotegidas y cesiones ante Marruecos
Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la relación del Ejecutivo con Marruecos, país que juega un doble papel: socio estratégico y chantajista de facto. A cambio de controlar (o no) el flujo migratorio, Rabat ha presionado a España en cuestiones tan delicadas como el Sáhara Occidental o Ceuta y Melilla. Sánchez cedió en 2022 reconociendo el plan de autonomía marroquí para el Sáhara, en contra de décadas de neutralidad diplomática española, solo para conseguir el compromiso, ambiguo y débil, de Marruecos de contener la inmigración.
El resultado ha sido catastrófico. Lejos de frenarse, las llegadas irregulares aumentaron, muchas veces impulsadas por la permisividad de las autoridades marroquíes. En momentos de tensión, se abrieron las compuertas humanas hacia Ceuta o Canarias, y el gobierno español respondió con tibieza, sin condenas firmes ni medidas disuasorias. El mensaje quedó claro: Marruecos manda, y España se arrodilla.
La instrumentalización ideológica de la inmigración
El discurso oficial del Gobierno ha edulcorado el fenómeno migratorio bajo una retórica de inclusión, diversidad y multiculturalismo que ignora deliberadamente los efectos negativos que conlleva la inmigración ilegal masiva. Se niega la realidad del colapso de servicios sociales en algunas zonas, la sobrecarga de la sanidad y educación pública, y el crecimiento de la inseguridad en ciertos barrios donde la integración brilla por su ausencia.
Lejos de exigir reciprocidad cultural o integración real, las políticas de Sánchez han alimentado un modelo de guetificación: barrios enteros donde los inmigrantes ilegales campan a sus anchas, donde la ley no entra o entra con miedo, y donde la convivencia es ya un concepto vacío. Se ha invertido más en subvenciones, cursos y planes de acogida que en mecanismos eficaces de control, expulsión y repatriación de quienes no cumplen los requisitos para residir legalmente en España.
El abandono a la natalidad española: una política suicida
Uno de los grandes olvidados en la política de Pedro Sánchez es el futuro de los propios españoles. Mientras el Gobierno se preocupa por acoger a miles de inmigrantes ilegales, la natalidad de la población autóctona sigue cayendo en picado. España se enfrenta a una crisis demográfica sin precedentes: los jóvenes españoles, especialmente aquellos en la franja de 20 a 40 años, luchan contra un mercado laboral precario, sueldos bajos y una vivienda inaccesible, todo ello mientras el gobierno no implementa políticas serias ni eficaces para fomentar la natalidad.
En lugar de incentivar políticas de apoyo a las familias españolas, a los jóvenes padres o a las mujeres que deciden tener hijos, Sánchez parece más preocupado por aumentar la población con inmigrantes, una estrategia que, a largo plazo, podría ser perjudicial para la cohesión social y económica del país. La ausencia de un plan real para asegurar el bienestar de las futuras generaciones españolas es una omisión crítica, que pone en riesgo el futuro del Estado del bienestar.
El voto inmigrante: ¿una amenaza a la identidad nacional?
La realidad demográfica actual es clara: la inmigración irregular, si no se controla, puede cambiar el panorama electoral de España en las próximas décadas. En regiones como Cataluña, el País Vasco y Madrid, los inmigrantes, muchos de ellos procedentes de países musulmanes, están adquiriendo una relevancia política creciente. Si el número de inmigrantes ilegales sigue aumentando, es probable que en poco tiempo puedan convertirse en una mayoría electoral, favoreciendo a partidos que promueven agendas ajenas a la identidad y valores tradicionales de España.
En este escenario, la implantación de modelos sociales y jurídicos ajenos a la cultura española, como la sharia, podría ser una posibilidad cada vez más cercana. Con una población creciente de origen musulmán que vota a partidos que defienden sus intereses, las políticas de integración o asimilación podrían quedar relegadas en favor de una mayor presión para cambiar las estructuras sociales y jurídicas del país. ¿Estamos realmente dispuestos a permitir que se implanten en España sistemas jurídicos y sociales que no respetan los principios democráticos fundamentales de libertad, igualdad y laicidad?
Impacto demográfico: ¿una España irreconocible en 2050?
Informes como el del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS advierten que, de mantenerse las tendencias actuales, regiones como el País Vasco verán cómo la población autóctona se convierte en minoría en menos de 25 años. Lo mismo puede decirse de Cataluña, ciertas áreas de Madrid y la periferia de otras ciudades. Se habla ya de una “sustitución demográfica silenciosa”, impulsada por políticas migratorias suicidas y una natalidad autóctona hundida.
¿Está España preparada para una transformación cultural, social y lingüística de esta magnitud? ¿Hay un plan para garantizar la cohesión social en un país cada vez más fragmentado y multicultural? ¿O simplemente se está dejando que el futuro del país se diluya en una mezcla caótica sin identidad ni horizonte claro?
La factura llegará
Pedro Sánchez pasará a la historia, entre otras cosas, como el presidente que convirtió a España en una tierra de paso y acogida sin control. En lugar de construir una política migratoria moderna, legal, basada en el mérito, la necesidad y la integración, ha permitido que el descontrol, la propaganda ideológica y la sumisión internacional dicten el rumbo.
La inmigración no es, per se, un problema. Lo es cuando se gestiona mal, se ocultan sus efectos reales, y se utiliza como instrumento político sin importar las consecuencias. España necesita un giro radical: defensa de sus fronteras, reformas para fomentar la natalidad, integración real con exigencia de reciprocidad y, sobre todo, una visión nacional que ponga primero a los españoles.
La pregunta es: ¿quedará algo que salvar cuando llegue ese cambio?
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