El Juzgado de Instrucción nº3 de Sanlúcar la Mayor y la Guardia Civil, apunta a una presunta red de compra y manipulación de votos por correo en la que estarían implicados miembros del PSOE, empleados de Correos, y cargos municipales, con el objetivo de conservar la mayoría absoluta del Partido Socialista
Investigacion Judicial02 de junio de 2025
Impacto España Noticias
La localidad sevillana de Albaida del Aljarafe se encuentra en el centro de un escándalo judicial que podría convertirse en uno de los casos más graves de fraude electoral a nivel municipal desde la restauración democrática en España.
Una investigación judicial en curso, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº3 de Sanlúcar la Mayor y la Guardia Civil, apunta a una presunta red de compra y manipulación de votos por correo en la que estarían implicados miembros del PSOE, empleados de Correos, y cargos municipales, con el objetivo de conservar la mayoría absoluta del Partido Socialista en las elecciones de mayo de 2019.
Las raíces del escándalo
La denuncia fue impulsada por Izquierda Unida (IU), que, tras detectar múltiples irregularidades en los comicios locales, inició una serie de investigaciones internas y recopilación de testimonios ciudadanos. Entre las anomalías detectadas destaca la manipulación del voto por correo, un mecanismo previsto por la ley para facilitar el sufragio de quienes no pueden acudir físicamente a las urnas, pero que en este caso habría sido utilizado como instrumento de fraude institucionalizado.
El modus operandi: votos sin control y sin votantes
Según la investigación, la trama habría operado con la colaboración de dos empleados de Correos en la oficina local:
C. R. M., trabajadora postal y exconcejala socialista.
A. G. D., también empleado de la empresa pública, responsable del reparto de correspondencia en el municipio.
Ambos están siendo investigados por presuntamente violar el procedimiento legal establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que exige que la emisión del voto por correo se realice con la identificación del votante mediante DNI y la verificación de su firma ante el personal de Correos.
Sin embargo, la denuncia sostiene que estas garantías fueron deliberadamente ignoradas. En lugar de seguir el protocolo, A. G. D. habría recogido directamente las solicitudes y sobres de voto en el Ayuntamiento, para entregárselos a C. R. M. en la oficina postal, sin que los votantes tuvieran que acudir presencialmente. Esto abría la puerta a la suplantación de identidad y al uso masivo del voto por correo en favor del PSOE.
Testimonios y pruebas demoledoras
Entre las pruebas aportadas por IU figuran:
Sobres de voto con una "X" ya marcada junto a la firma del elector, lo que sugiere que el voto ya estaba emitido cuando fue entregado al votante.
Declaraciones juradas de ciudadanos que niegan haber votado, pese a que su voto fue contabilizado.
El caso de un matrimonio que asegura no haber participado en las elecciones, aunque sus sufragios aparecieron en las urnas.
La aparición de 20 votos por correo vinculados a personas empadronadas en la misma vivienda, la mayoría de ellos contratados por el Ayuntamiento en ese mismo periodo electoral. Se trataría de núcleos familiares enteros, lo que ha disparado las alarmas sobre una posible trama clientelar.
Delitos investigados y cargos implicados
La magnitud del caso ha llevado a la jueza instructora a imputar delitos que podrían conllevar penas de prisión e inhabilitación para cargo público. Entre los delitos investigados se encuentran:
Fraude electoral.
Falsificación de documento público.
Usurpación de identidad.
Prevaricación administrativa.
Pertenencia a organización criminal.
Además de los empleados de Correos, figuras de primer nivel político están siendo investigadas, entre ellas:
José Antonio Gelo, actual alcalde de Albaida y miembro del PSOE.
Soledad Cabezón, exalcaldesa y también socialista, con trayectoria política en el Parlamento Europeo.
El silencio de Correos y el papel de la empresa pública
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la inacción de Correos, la empresa pública encargada de velar por el buen funcionamiento del voto por correo. Según IU, la formación se reunió tras las elecciones con dos responsables regionales de Correos, quienes les habrían asegurado que si se demostraba la existencia de un solo voto fraudulento, la empresa se personaría en la causa como parte afectada.
Cinco años después, aquella promesa no se ha cumplido. IU ha solicitado a la jueza que cite como testigo a uno de los representantes legales de Correos, para que explique por qué la empresa no ha actuado, pese a las evidencias presentadas y la gravedad de los hechos.
Una práctica sistemática: ¿solo un caso aislado?
Aunque este escándalo se centra en Albaida del Aljarafe, no es un caso aislado. En los últimos años, otros municipios españoles han enfrentado acusaciones de manipulación del voto por correo, especialmente en contextos donde los resultados electorales se deciden por márgenes muy estrechos y existe una fuerte red de intereses clientelares.
Lo que diferencia este caso es la presunta implicación directa de una estructura municipal en la alteración de los resultados electorales, lo cual socava gravemente la integridad democrática de los comicios y plantea preguntas sobre la efectividad de los mecanismos de control institucional.
¿Y ahora qué?
El caso continúa bajo instrucción, y se espera que en los próximos meses se produzcan nuevas declaraciones, registros y posibles imputaciones. Si se confirman las sospechas, el escándalo podría desembocar en un proceso judicial sin precedentes a nivel local, con consecuencias políticas y legales de gran alcance.
Además, este caso reabre el debate sobre la seguridad y trazabilidad del voto por correo en España, y sobre la necesidad de establecer mecanismos más rigurosos para evitar su uso fraudulento en futuras convocatorias.
El presunto fraude en Albaida del Aljarafe no solo cuestiona la legitimidad de un proceso electoral, sino que expone un problema más profundo: la instrumentalización de las instituciones públicas para fines partidistas. Si la justicia confirma los hechos, estaríamos ante una grave vulneración del principio democrático, que exige elecciones libres, limpias y auténticas.
El caso está lejos de cerrarse, y con él, la herida que deja en la confianza ciudadana.
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