Impacto España Noticias
El empresario José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y acusado de participar en la presunta red de adjudicaciones fraudulentas de obra pública liderada por José Luis Ábalos y su entorno, compareció este viernes ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.
Durante su declaración, Ruz ha admitido que pidió una reunión con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, con la intención de que su empresa no quedara excluida del reparto de contratos públicos tras la salida de Ábalos del Gobierno.
En uno de los audios incorporados al sumario por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el constructor puede escucharse hablando con Koldo García —el exasesor de Ábalos— en marzo de 2022. En esa conversación, Ruz advertía sobre el riesgo de dejar «gente fuera del baile» o provocar «heridos inocentes». «No conviene para la ganadería», dijo, utilizando metáforas que, según la interpretación de los agentes, aludían a no incomodar al Partido Socialista. Ante la insistencia del juez y del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Ruz terminó reconociendo el contenido de esa conversación.
El empresario explicó que fue alertado por un trabajador de Acciona, Justo García, de que su empresa estaba siendo vetada por el PSOE, lo que le llevó a solicitar una conversación con Cerdán para evitar quedarse al margen de futuros contratos. Este intento por mantener sus vínculos con el partido se produjo unos meses después del abrupto cese de Ábalos como ministro de Transportes en julio de 2021.
Durante su comparecencia, Ruz ha reconocido que tenía un trato frecuente con el exministro, con quien se reunía habitualmente tanto en su despacho como en domicilios privados en Madrid y Valencia. También ha confirmado que empleaba un teléfono de alta seguridad facilitado por Koldo García, al que llamaban internamente “la cafetera”, y que se utilizaba para mantener sus comunicaciones alejadas de escuchas.
Junto a Ruz, también comparecieron este viernes ante el juez los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, responsables de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), quienes están señalados como posibles beneficiarios de adjudicaciones irregulares. La UCO relaciona a esta firma con tres contratos públicos en Asturias, Monforte y Úbeda, por valor de 7,3 millones de euros, en los que podrían haberse producido manipulaciones en los criterios de licitación.
La Guardia Civil, en sus informes, identifica a José Ruz como una figura central en la red, ya que mantuvo contacto con todos los principales sospechosos: Ábalos, Koldo y el empresario Aldama. En una comunicación con Koldo García, Ruz se puso a su disposición de forma explícita: «Pues entonces, a muerte. En lo que te pueda ayudar, considérame a tu lado», le escribió, según consta en el sumario.
Uno de los elementos clave de la causa es la relación directa que Ruz mantuvo con Ábalos incluso después de que este abandonara el Ejecutivo. La UCO documenta encuentros tanto en el Ministerio como en propiedades particulares. También vincula a Levantina con tres adjudicaciones valoradas en 78,8 millones de euros en Asturias, Teruel y la Autovía del Camino de Santiago, que presentan “indicios de irregularidades”.
En el caso de OPR, la Guardia Civil también pone el foco en la conexión familiar con Fernando Merino, exdirectivo de Acciona y otro de los nombres que comparecerá el próximo lunes junto a Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar.
Según un mensaje clave recuperado por los investigadores, el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, escribió a Koldo el 11 de abril de 2019 para explicar que estaban trabajando en la modificación del sistema de evaluación de licitaciones en beneficio de OPR: “Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y a los abogados del Estado”. Apenas unos días después, Herrero confirmó el resultado: “Parece que hemos hecho bingo en la obra”.
Todos estos empresarios fueron imputados por el juez el mismo día que Santos Cerdán, al considerar que podrían haber participado de manera directa en la asignación ilícita de contratos públicos, mediante pagos o favores que, según la UCO, habrían llegado —al menos en parte— al exministro Ábalos. Por ello, el Supremo ha solicitado a la Guardia Civil la localización de posibles cuentas, productos financieros y movimientos bancarios relacionados con LIC, OPR, Servinabar y Acciona, así como con sus directivos.
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