Impacto España Noticias
La tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial ha dejado este martes otra escena significativa. Tras el Consejo de Ministros, el Ejecutivo señala sin rodeos que el Supremo actúa con patrones heredados del franquismo y que la respuesta debe darse también "en las calles".
El mensaje más nítido lo dejó Yolanda Díaz: "Las calles no son de ellos, son de la democracia en España". Lo dijo mientras denunciaba como “anómalo” que, cinco días después del fallo contra el fiscal general del Estado, siga sin publicarse la sentencia con los hechos probados.
"Igual que la extrema derecha hace llamamientos, nosotros tenemos el derecho de decirle al pueblo español que salga a defender la democracia", ha recalcado la vicepresidenta segunda. "Y sé muy bien de lo que hablo, que vengo de una casa que ha conocido las cárceles franquistas. Las calles no son de ellos", reiteró, elevando el tono político de una comparecencia que debía orbitar en torno a la situación de la Fiscalía, pero que se transformó en un mensaje general sobre conflicto institucional.
Ese encuadre —tensión con el Supremo y legitimidad de la respuesta en la calle— marcó desde entonces el ritmo de la comparecencia. La condena a Álvaro García Ortiz por revelación de datos, que él niega y el Gobierno considera insuficientemente fundamentada, abrió una vía que Moncloa llevaba tiempo tanteando: presentar los choques con el Poder Judicial como un problema estructural, no como episodios aislados.
Para Díaz, los "40 años de franquismo" obligan a asumir una "pedagogía democrática" que, según dijo, forma parte de "la responsabilidad del Gobierno"..
Con la vicepresidenta fijando el marco político, Félix Bolaños se ocupó del institucional. Confirmó el inicio del proceso para nombrar a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. La describió como “absolutamente idónea” y con una carrera de más de tres décadas en violencia de género. Defendió además que García Ortiz permanecerá en el cargo hasta que se complete el relevo, y lamentó los “ataques” que —dijo— ha recibido desde antes de su nombramiento.
El Gobierno niega un choque frontal con el Supremo, pero la secuencia del día apunta a un movimiento más amplio. Cuestiona el funcionamiento del procedimiento —la falta de sentencia publicada, el contenido del fallo— y enmarca la discusión en la necesidad de "defender la verdad y la institución". El argumento es que Álvaro García Ortiz, "si es culpable de algo", es de haberse pronunciado para "combatir un bulo" procedente —dicen— del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La combinación de ambos mensajes —el institucional de Bolaños y el más político de Díaz— dibuja la dirección que Moncloa quiere tomar mientras se formaliza el relevo en la Fiscalía. Por un lado, transmitir el argumentario de defensa hacia el fiscal saliente. Por otro, aunar al electorado de izquierdas en una causa común contra la derecha. No en vano estamos en precampaña.
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