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El Gobierno de Pedro Sánchez sobrevivió al gran apagón eléctrico de 2025, pero en La Moncloa cunde el temor a que la tragedia ferroviaria de Adamuz marque el principio del fin, según VP. La acumulación de fallos estructurales, la gestión errática de las infraestructuras y la sensación de un Estado que deja de funcionar han disparado las alarmas en el corazón del poder, ante el riesgo real de un estallido de indignación social capaz de llevarse por delante a la coalición.
El apagón del 28 de abril del año pasado fue la primera señal inequívoca de un fallo multiorgánico del sistema. España quedó paralizada durante horas, proyectando al exterior la imagen de un país vulnerable e ingobernable. Nadie asumió responsabilidades. Ni el Gobierno ni Red Eléctrica —controlada por el Estado— dieron explicaciones claras. Nueve meses después, ciudadanos y empresas siguen sin saber a quién reclamar por unas pérdidas que la CEOE cifró en 1.600 millones de euros. El Ejecutivo optó por el silencio y por señalar a terceros.
Aquella crisis abrió una grieta profunda en la confianza pública. La oposición comenzó entonces a advertir de un patrón: los fallos energéticos se sumaban a los problemas crecientes de la red ferroviaria. Apenas dos meses después, un tren quedó detenido durante doce horas en Toledo con cientos de pasajeros atrapados. La respuesta gubernamental fue la misma: normalizar el caos, repartir culpas y desacreditar a operadores privados mientras se evitaba cualquier autocrítica.
Ese equilibrio precario saltó por los aires con el choque de trenes en Adamuz, con más de 40 fallecidos. Y apenas 48 horas después, un nuevo golpe: el descarrilamiento de un Rodalies en Gelida, en Barcelona, que costó la vida a un maquinista. Dos tragedias en días han convertido el debate sobre la seguridad ferroviaria en una crisis política de primer orden.
Desde entonces, el Gobierno ha emitido órdenes contradictorias sobre la velocidad de circulación en varias líneas clave, alimentando la desconfianza y el miedo a viajar en tren. Lejos de tranquilizar, el Ejecutivo ha sembrado dudas sobre el estado real de las infraestructuras, la gestión de las inversiones y su propia capacidad para gobernar sin Presupuestos ni apoyos sólidos.
La contención social empieza a resquebrajarse. Los maquinistas ya han estallado y amenazan con dejar de circular si Adif no garantiza la seguridad, con tres jornadas de huelga convocadas. Este miércoles protagonizaron una escena cargada de simbolismo: plantaron al presidente de Renfe en una reunión y amontonaron sus chalecos amarillos frente a él, en protesta por la muerte de tres compañeros en apenas tres días. En Moncloa, el recuerdo de los chalecos amarillos franceses y de las protestas que pusieron en jaque a Emmanuel Macron provoca auténtico pavor.
Hasta ahora, el respeto a las víctimas ha servido como dique de contención. Pero ese dique empieza a agrietarse. VOX ha ido al choque desde el primer momento, actuando como la única oposición. Y en Cataluña, ERC y Junts difícilmente podrán ignorar el hartazgo social acumulado por el colapso de Rodalies.
La presión alcanza también a los grandes sindicatos. CCOO y UGT han sido clave para contener el malestar en la calle durante años, pero la huelga de los maquinistas y la percepción de abandono pueden arrastrar a otros colectivos. Mantenerse al margen será cada vez más difícil.
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