El Gobierno admite la participación de Leire Díez, la 'fontanera' socialista investigada por corrupción, en un contrato de balizas V-16

Leire Díez saltó a la actualidad por audios filtrados en los que parecía ofrecer favores judiciales a un empresario a cambio de información contra el teniente coronel Antonio Balas (UCO), en investigaciones sensibles para el entorno de Pedro Sánchez
Noticias14 de marzo de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias

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El Gobierno admite la participación de Leire Díez, en un contrato relacionado con la comercialización de las balizas de emergencias V-16, obligatorias desde enero, cuando la fontanera el PSOE ejercía en Correos de directora de Filatelia en 2023.

Lo hace en una respuesta parlamentaria al PP. Leire Díez fue detenida en diciembre por el presunto cobro de comisiones ilegales en cinco operaciones junto al expresidente de la (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso socio de Santos Cerdán en Servinabar.

Leire Díez saltó a la actualidad por audios filtrados en los que parecía ofrecer favores judiciales a un empresario a cambio de información contra el teniente coronel Antonio Balas (UCO), en investigaciones sensibles para el entorno de Pedro Sánchez.

El PP preguntó específicamente si se cumplieron todos los requisitos legales en ese contrato de balizas, tras revelaciones previas de medios.

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El Gobierno matiza que no fue un contrato de "comercialización" directo, sino de comisión, y niega irregularidades o conflictos conocidos, aunque menciona actuaciones confidenciales en curso por el Comité de Cumplimiento de Correos.

Según el Gobierno, el contrato principal se firmó el 31 de mayo de 2022 entre Correos y la empresa Energía Eléctrica Eficiente, con carácter de comisión mercantil (Correos actúa como intermediario y cobra por el servicio, no como comprador). Ya el 20 de julio de 2023 se firmó una adenda al contrato, en la que sí intervino Leire Díez (junto al director de Operaciones), limitándose su rol a esa firma.

Asimismo, el ejecutivo explicó que no se aplican los controles de la Ley de Contratos del Sector Público (incluidos los de conflictos de intereses), ya que no se trata de una contratación pública tradicional donde el sector público paga por un servicio, sino al revés.

El Gobierno asegura que no consta ningún conflicto de intereses denunciado y que el contrato se rige por la normativa interna de Correos. Además, destaca que toda la actividad está sujeta a auditorías, control del Tribunal de Cuentas y otros mecanismos de rendición de cuentas.

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