Impacto España Noticias
La exjefa de ETA Soledad Iparraguire, "Anboto", ha salido este martes pasadas las diez de la mañana de la cárcel de Martutene de San Sebastián en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir.
Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación. Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar.
El Gobierno Vasco concedió a la exdirigente de ETA este régimen de semilibertad que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días. Para su concesión el recluso debe entregar un "plan de ejecución", en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, consideró "escandaloso e injustificable" la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denunció, cuenta con un "historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos".
El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.
Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, Antza, en una casa de Salis-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Soledad Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparato de extorsión de la banda terrorista.
En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.
PEDRO SANCHEZ UN SINVERGUENZA QUE SUELTA ASESINOS PARA MANTENERSE EN EL PODER
La política penitenciaria y los acuerdos parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez han generado una profunda polémica en una parte de la sociedad española, especialmente en lo relativo a decisiones que afectan a antiguos miembros de ETA.
Para muchos ciudadanos y asociaciones de víctimas, resulta difícil aceptar que personas condenadas por delitos extremadamente graves accedan a beneficios penitenciarios que, aunque legales, se perciben como moralmente cuestionables, solo por mantenerse en el poder.
Las críticas se centran en la idea de que estas decisiones no se producen en un vacío político, sino en un contexto donde el Ejecutivo necesita apoyos parlamentarios, entre ellos los de EH Bildu. Esto ha llevado a algunos sectores a interpretar que existe una cesión política que, que el mismo Otegi dijo que se pacto con Sanchez, esta demostrado como un intercambio directo, sí genera una fuerte sospecha y malestar.
Desde esta perspectiva, se acusa al Gobierno de priorizar mantenerse en el poder sobre la sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo, lo que consideran una línea roja en una democracia. Argumentan que, aunque la ley contemple mecanismos de reinserción, su aplicación en determinados casos debería manejarse con mayor prudencia y consenso social.
Por otro lado, el Ejecutivo defiende que actúa dentro del Estado de derecho y que la política penitenciaria responde a criterios legales y técnicos, no a acuerdos políticos. Sin embargo, la percepción pública sigue siendo un factor clave, y en este caso el desgaste político y ético es evidente.
En definitiva, este debate refleja una tensión profunda entre legalidad, memoria, justicia y política, que sigue siendo una herida abierta en la sociedad española.
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