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El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, ha señalado al Ministerio de Igualdad dirigido por Ana Redondo por la contratación de un ex alto cargo del Gobierno para la elaboración de un anteproyecto de ley sobre trata de seres humanos, según consta en el Informe de Fiscalización de la contratación menor vinculada al área de gasto «actuaciones de protección y promoción social» correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado de 2024.
En concreto, el órgano fiscalizador hace referencia a un contrato de asistencia técnica para la redacción del texto normativo del anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, adjudicado por importe de 14.990 euros mediante procedimiento de contratación menor.
Según el informe, el ministerio no siguió el procedimiento ordinario de contratación, sino que publicó un anuncio en su página web con el objeto de recabar perfiles profesionales con experiencia en políticas migratorias, extranjería y protección de víctimas de trata, sin especificar expresamente la finalidad contractual ni la vinculación con la redacción normativa.
El proceso recibió únicamente dos candidaturas, resultando adjudicatario Santiago Antonio Yerga Cobos, quien había desempeñado previamente el cargo de Director General de Migraciones en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Tras la adjudicación, en abril de 2025, el mismo profesional fue nombrado Dirección General de Gestión Migratoria, un mes antes de la finalización prevista del contrato, circunstancia que el órgano fiscalizador incorpora a su análisis contextual.
El informe recoge asimismo la existencia de un segundo contrato menor por importe de 14.900 euros para el análisis de acreditación de entidades especializadas en la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual adjudicado al mismo profesional.
Entre las observaciones, el Tribunal de Cuentas indica la falta de justificación suficiente respecto a la necesidad del contrato de asistencia técnica para la redacción normativa en una materia atribuida competencialmente al ministerio, señalando la ausencia de acreditación de naturaleza excepcional e imprevisible.
Igualmente, el informe señala deficiencias en el proceso de determinación del importe, al no constar un cálculo del presupuesto desglosado que permita verificar la valoración de la prestación ni sus componentes, más allá de una estimación global basada en pagos mensuales.
El órgano fiscalizador concluye que el expediente analizado presenta elementos de insuficiente motivación administrativa en la utilización del procedimiento de contratación menor, así como carencias en la publicidad y definición del objeto contractual.
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