Por lo tanto, los únicos que necesitan escolta en la calle en Euskadi son ustedes. Nosotros y nosotras no tenemos escolta, no necesitamos escolta, andamos tranquilos por la calle, y además sentimos el pueblo, el apoyo mayoritario de la población
Nacional04 de julio de 2025
Impacto España Noticias
Durante una reciente sesión plenaria de las Juntas Generales de Álava, el diputado general Ramiro González Vicente, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), realizó unas declaraciones que han provocado una fuerte polémica política y jurídica. En lugar de condenar los actos de violencia sufridos por los miembros de Vox en el País Vasco, justificó implícitamente la hostilidad contra ese partido, apelando al “sufrimiento del pueblo vasco”.
Estas palabras han sido denunciadas por la delegación de Vox en Álava como un acto de legitimación de la violencia política, que además podría incurrir en un delito contemplado en el artículo 510 del Código Penal.
Declaraciones polémicas: “El pueblo vasco podría ir a por ustedes”
Durante su intervención en la cámara foral, el diputado general del PNV expresó lo siguiente:
"En Álava los únicos que necesitan escolta son ustedes. Cuando viene la gente de Vox, corren el riesgo de que el pueblo vasco que tanto ha sufrido, que tanto ha sufrido en él durante el franquismo y por parte de los fascistas, corren el riesgo de que vaya por ustedes y de que haya problemas. Por lo tanto, los únicos que necesitan escolta en la calle en Euskadi son ustedes. Nosotros y nosotras no tenemos escolta, no necesitamos escolta, andamos tranquilos por la calle, y además sentimos el pueblo, el apoyo mayoritario de la población."
Este discurso fue pronunciado en el marco de un debate institucional, emitido en directo a través del sitio web oficial de las Juntas Generales de Álava. Las palabras de González se producen después de años de hostigamiento, boicots, escraches e incluso agresiones físicas sufridas por miembros de Vox en distintas localidades vascas.
Entre los hechos más graves, se recuerda la agresión con una pedrada sufrida por la diputada de Vox Rocío de Meer en Sestao (Vizcaya) en junio de 2020, que le causó una brecha sangrante en la cabeza durante un mitin.
Vox denuncia: “El PNV ampara la violencia contra nosotros”
Ante esta intervención, Vox ha emitido un comunicado contundente:
"El Diputado General de Álava, Ramiro González, del PNV, justifica, ampara y avala la violencia 'del pueblo vasco' contra Vox, desde la propia tribuna de las Juntas Generales de Álava".
La formación liderada por Santiago Abascal considera que estas palabras constituyen una legitimación del acoso sistemático que sufren en el País Vasco, donde en muchas ocasiones sus actos públicos deben realizarse con fuertes medidas de seguridad.
¿Hay delito? Lo que dice el Código Penal
Desde el punto de vista jurídico, las palabras del diputado general podrían entrar en conflicto con el artículo 510 del Código Penal, que establece lo siguiente:
Pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses para quien “incite al odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra un grupo por motivos ideológicos.
El punto 3 del artículo agrava la pena si los hechos se realizan a través de un medio de comunicación social o Internet, haciéndolos accesibles a un gran número de personas. En este caso, la intervención fue transmitida en directo por el sitio web oficial de las Juntas Generales.
Además, el punto 4 contempla penas aún más severas cuando las palabras pronunciadas son “idóneas para alterar la paz pública” o para “crear un grave sentimiento de inseguridad” entre los integrantes del grupo aludido.
En este contexto, se trata nada menos que del máximo representante institucional de Álava, pronunciando una frase susceptible de ser interpretada como una advertencia o amenaza indirecta, al afirmar que el pueblo vasco “podría ir a por ustedes [Vox]”.
El doble rasero del PNV: Vox no es democrático, pero Bildu sí
Este no es el primer gesto de hostilidad del diputado general hacia Vox. En junio de 2023, Ramiro González ya se negó a entablar diálogo con representantes del partido, alegando que “no es un partido democrático”. En contraste, defendió que EH Bildu, el partido que incluye a herederos políticos de la izquierda abertzale vinculada a ETA, sí defiende “planteamientos democráticos”.
Esto, a pesar de que Bildu nunca ha condenado los 853 asesinatos perpetrados por ETA, entre ellos 22 asesinatos de niños y bebés. González, al igual que otros dirigentes del PNV, evita criticar a la izquierda abertzale, con la que a menudo comparte acuerdos institucionales, tanto en Euskadi como a nivel estatal, como parte del bloque de investidura que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE).
Contexto político: el aislamiento de Vox en el País Vasco
Desde su aparición en el Congreso en 2019, Vox ha sido sistemáticamente marginado en Euskadi. En muchas instituciones locales y forales, el resto de partidos se niegan a pactar o debatir con ellos, a pesar de que Vox es un partido legal, con representación en el Parlamento Vasco y en el Congreso de los Diputados.
Esta actitud ha generado un clima en el que se normaliza el rechazo e incluso la violencia hacia sus representantes. Los actos de campaña de Vox suelen contar con un fuerte dispositivo policial, y en varias ocasiones han terminado con incidentes violentos.
Una oportunidad perdida y un grave precedente institucional
Ramiro González tenía ante sí una oportunidad institucional clara para condenar, sin ambigüedades, la violencia política. No solo no lo hizo, sino que pronunció palabras que pueden ser interpretadas como una advertencia o incluso una justificación del uso de la violencia por parte del “pueblo vasco”.
Que un cargo público de su nivel no condene la violencia por razones ideológicas, sino que la relativice en función del contexto histórico, supone un grave precedente en una democracia constitucional. La violencia política no debe tener cabida en ningún sistema pluralista, independientemente de las ideas o el historial del partido afectado.
Si un representante institucional no es capaz de garantizar que todos los partidos puedan expresarse con seguridad, está quebrantando uno de los principios más básicos de la convivencia democrática: la libertad ideológica y de expresión.
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