La gestión económica y parlamentaria del Gobierno de Sánchez ha alcanzado cotas de degradación institucional difíciles de asimilar en un Estado de derecho riguroso. El anuncio y la preparación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio no responden a una planificación rigurosa, técnica o de servicio a los intereses económicos de España.
Por el contrario, se trata de una maniobra estrictamente partidista, un ejercicio de ingeniería política diseñado con el único fin de servir como herramienta de agitación y propaganda de cara a la inminente campaña electoral.
Tras varios años de absoluta incapacidad para articular mayorías estables y presentar unas cuentas en tiempo y forma, el inquilino de la Moncloa ha decidido rescatar el trámite presupuestario no para dotar al país de estabilidad, sino para construir un relato de confrontación identitaria con el que desgastar a la oposición y movilizar a su electorado antes de llamar a las urnas de manera anticipada.
El diseño de la estrategia gubernamental para las cuentas públicas demuestra un desprecio absoluto por la verdadera función de un presupuesto, que es asignar recursos con criterios de eficiencia, rigor y sostenibilidad. Para Pedro Sánchez, el documento presupuestario se ha convertido en un panfleto publicitario sufragado por todos los contribuyentes.
Desde Moncloa se planifica con frialdad un doble escenario político en el que el Ejecutivo siempre espera obtener rédito electoral de manera espuria.
Por un lado, si consiguen arrancar los apoyos necesarios de sus socios habituales, explotarán comercialmente un catálogo de medidas sociales expansivas, vendiéndolas como logros históricos y regalos estatales. Por otro lado, si el proyecto naufraga ante el rechazo lógico de la oposición, el Gobierno utilizará este fracaso como un bumerán retórico, acusando a la derecha de boicotear el progreso social y bloquear la protección de las clases desfavorecidas. En ambos casos, el interés general de España queda supeditado a la supervivencia de un presidente obsesionado con las encuestas.
Esta desesperada maniobra de última hora se produce tras un periodo de sequía legislativa y presupuestaria que carece de precedentes en la historia contemporánea. España lleva años arrastrando unas cuentas prorrogadas sistemáticamente de ejercicios anteriores, concretamente las diseñadas a finales de 2022. Esta anomalía institucional ha permitido al sanchismo eludir el debate parlamentario real y sustraer de la soberanía nacional la discusión profunda sobre las prioridades económicas del país. Gobernar a base de prórrogas no ha sido un accidente, sino una cómoda estrategia de conveniencia para esquivar la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.
Al evitar la presentación formal de un proyecto de ley presupuestario en los últimos años, Pedro Sánchez ha hurtado al Congreso de los Diputados su función esencial de control y fiscalización del gasto, sumiendo a las finanzas públicas españolas en un preocupante estado de provisionalidad e inseguridad jurídica que debilita la reputación exterior de la economía nacional.
Las recientes comparecencias del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentando un nuevo cuadro macroeconómico, no son más que el inicio de una coreografía política perfectamente ensayada pero vacía de contenido real. Este trámite técnico, indispensable para fijar el techo de gasto y la senda de estabilidad que se debatirán en sesiones extraordinarias del Congreso, se expone ante la opinión pública como una señal de normalidad democrática.
Sin embargo, la realidad que subyace es la de un Gobierno crónicamente incapaz de garantizar la gobernabilidad. Presentar indicadores económicos optimistas en vísperas de una negociación presupuestaria imposible forma parte del decorado propagandístico. El Ejecutivo simula un rigor técnico del que carece, ocultando que cualquier previsión macroeconómica queda papel mojado cuando la aritmética parlamentaria está en manos de prófugos de la justicia y formaciones cuyo único objetivo político es la desestabilización y la fragmentación del Estado español.
La viabilidad material de cualquier proyecto de ley que entre en el Congreso está irremediablemente ligada al chantaje permanente de las minorías separatistas y nacionalistas que sostienen al Ejecutivo.
Las relaciones con Junts permanecen en un bloqueo absoluto y la desconfianza de formaciones tradicionales como el PNV ha alcanzado niveles críticos. El descrédito del sanchismo se ha acelerado drásticamente debido a los incesantes escándalos de corrupción que acorralan el entorno más íntimo del palacio de la Moncloa y a antiguos miembros del Consejo de Ministros.
Esta descomposición ética y política ha provocado que incluso sus socios de investidura exijan públicamente la convocatoria inmediata de elecciones generales anticipadas si no se logra un acuerdo presupuestario real. Ante este callejón sin salida, Sánchez activa el mecanismo de los presupuestos expansivos no con el ánimo de aprobarlos, sino de utilizarlos como un escudo protector y un argumento exculpatorio ante el inminente desmoronamiento de la legislatura.
La persistencia en la prórroga de los presupuestos ha traído consigo una consecuencia nefasta para la transparencia de las cuentas públicas de España: el uso y abuso discrecional de las modificaciones de crédito.
Al operar con un marco diseñado para realidades económicas completamente desfasadas, el Ministerio de Hacienda ha recurrido masivamente a trasvases de dinero y cambios de partidas aprobados directamente por decreto en el Consejo de Ministros. Este modus operandi hurta al Parlamento su capacidad de veto y debate, transformando la gestión del dinero de los contribuyentes en un proceso opaco y centralizado.
El sanchismo ha encontrado en la parálisis presupuestaria una forma de dictadura financiera, gastando miles de millones de euros mediante parches administrativos que evitan dar explicaciones públicas y esquivan el escrutinio técnico de la oposición y de los organismos independientes de control fiscal.
Las cifras oficiales publicadas por la Intervención General del Estado desmienten de forma categórica el relato oficial de Moncloa que defiende la plena operatividad de las cuentas prorrogadas. Los datos del primer tercio del año revelan que las modificaciones de crédito han alcanzado la astronómica cifra de 32.188 millones de euros. Esta cantidad contrasta drásticamente con los 19.765 millones registrados en el mismo periodo del año anterior y los poco más de 13.000 millones del año previo.
Para los economistas y especialistas en hacienda pública, este incremento desbocado evidencia que el presupuesto del Estado se está gestionando de forma arbitraria y extemporánea. El desfase financiero es tan agudo que el Ejecutivo se ve obligado a reescribir las cuentas diariamente por la puerta de atrás, demostrando que la falta de un presupuesto real está provocando un agujero de descontrol en el gasto público que compromete gravemente el déficit y la deuda del país.
El comportamiento de Pedro Sánchez respecto a los Presupuestos Generales constituye un atropello continuado a la literalidad y el espíritu de la Constitución Española. El artículo 134 del texto constitucional mandata con absoluta claridad que el Gobierno debe presentar el proyecto ante el Congreso al menos tres meses antes de la expiración del anterior, fijando como límite estricto el 1 de octubre.
El incumplimiento sistemático de este precepto durante la legislatura evidencia el carácter tiránico de un Ejecutivo que sitúa su supervivencia partidista por encima de las normas fundamentales del Estado.
La obligación de presentar las cuentas no es una opción política opcional sujeta a la comodidad del gobernante, sino un deber constitucional sagrado concebido para garantizar la estabilidad de la nación. Ignorar este plazo para utilizar los presupuestos como un artefacto electoral a conveniencia de las urnas confirma la deriva institucional de un presidente que antepone su interés personal a la ley.
Pese a la extrema debilidad de sus apoyos y la inviabilidad real de su propuesta, los portavoces del sanchismo ya anuncian unos presupuestos deliberadamente expansivos e inflacionarios, situando la vivienda y los subsidios como los supuestos ejes de su acción.
Esta maniobra pretende camuflar la precariedad económica nacional tras un falso escudo social de tintes estrictamente populistas. Prometer inversiones multimillonarias y ayudas públicas generalizadas en un contexto de deuda pública desbocada e inflación persistente es un ejercicio de irresponsabilidad fiscal supremo. Sánchez planea presentarse ante el electorado con un programa de gasto irrealizable, consciente de que los costes de su fiesta electoral los pagarán las generaciones futuras de españoles a través de más impuestos y menor crecimiento.
El uso torticero de las cuentas del Estado para comprar votos en vísperas de unas elecciones es la consumación de una forma de hacer política basada en el engaño, el despilfarro y la demolición de los pilares económicos del Reino de España.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
WhatsApp: 635967726
